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Nuevo Hogar

El Resumen Supremo no publicará la próxima semana (22 de febrero). Todas las decisiones que el TSPR publique durante las próximas dos semanas las resumiremos entre el 1 y 3 de marzo. Agradecemos su paciencia y consideración.

La razón para el break es que esta nos estamos mudando a una nueva plataforma. Agradecemos a Substack por el servicio que nos ha brindado y la preservaremos como nuestra memoria del comienzo. Estamos contentos con Substack y la recomendamos para aquellos y aquellas de ustedes que deseen crear una audiencia a través de newsletters. Pero queremos cambiar. Esperamos relanzar el Resumen Supremo en su nuevo hogar el 1 de marzo de 2022. Estamos entusiasmados por el cambio y creo que será para bien.

No se preocupen. Todos sus correos estarán debidamente registrados en nuestro nuevo hogar y continuarán recibiendo nuestro newsletter en su inbox en la forma acostumbrada. De hecho, les deparan algunos perks que compartiré en el relanzamiento.

Derecho de Seguros

La primera opinión de esta semana es Consejo de Titulares del Cond. Balcones de San Juan v. Mapfre Praico Ins. Co., 2022 TSPR 15. En una opinión unánime, el TSPR concluyó que una aseguradora puede ser responsable en sumas en exceso de la póliza por incurrir en prácticas desleales en el proceso de ajuste de reclamaciones. Este es otro de muchos casos que surgen tras la tragedia que ha sido el ajuste de reclamaciones por daños causados por los estragos del Huracán María.

Trasfondo: El Huracán María pasó sobre Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017. Miles de personas reclamaron el pago de daños a sus respectivas aseguradoras de propiedad y contingencia. Miles de personas vieron sus reclamaciones tardarse más de los 90 días que establece la ley. Expirado ese plazo, miles de personas recibieron ofertas muy por debajo de los daños reclamados. Miles de personas demandaron a sus aseguradoras al vencer el primer aniversario del Huracán, tras algunas aseguradoras publicar anuncios en periódicos de circulación general indicando que si no demandaban dentro del año perderían su derecho a reclamar judicialmente. El 27 de noviembre de 2018, la Asamblea Legislativa y el Gobernador aprobó la Ley 247-2018. La ley creó una causa de acción para demandar a las aseguradoras por incurrir en prácticas desleales en el proceso de ajuste de reclamaciones. Miles de personas adicionales demandaron tras no llegar a acuerdos con sus aseguradoras (sounds familiar?). En sus demandas, incluyeron reclamaciones típicas por incumplimiento de contratos y la nueva reclamación que creó la Ley 247-2018.

Las aseguradoras argumentaron que la Ley 247-2018 no tiene efecto retroactivo y no aplica a las reclamaciones por daños del Huracán María. También pidieron que se tuviera que escoger entre la acción contractual o la acción de la Ley 247-2018. El TSPR resolvió.

¿Qué decide el TSPR? Las siguientes dos cosas:

1. Que La Ley 247-2018 tiene efecto retroactivo. Esto no sorprende ya que a esta misma conclusión habían llegado otros jueces y juezas que se habían enfrentado a la controversia. Aunque, el Tribunal de Apelaciones (TA) en este caso concluyó que la ley no tiene efecto retroactivo.

2. Que las personas aseguradas tienen derecho a un solo remedio, independientemente de si tienen derecho a reclamar por dos vías. Es decir, si tus daños son de $100,000.00 y fuiste víctima de prácticas desleales en el proceso de ajuste de reclamaciones, tendrás derecho al remedio contractual o al remedio de la Ley 247-2018, pero no a los dos a la vez. En ambas instancias podrás recuperar tus daños cubiertos y los daños adicionales por la práctica desleal, pero estos últimos no los recibes dos veces.

Nos explicamos un poco. La Ley 247-2018 es bastante nuanced. Tiene unos requisitos previos a demandar que no son parte de una reclamación por dolo (mala fe) en el cumplimiento de un contrato. Por lo tanto, un demandante tiene que escoger por cuál camino llega a la tierra prometida. El TSPR no decidió que no se puede demandar. Lo que decide es lo que ha sido ley por décadas: no hay derecho a remedios duplicados.

¿Quién ganó? La primera parte aclara el asunto a favor de las personas aseguradas. La segunda parte también toda vez que deja claro que se puede recobrar en exceso de los límites de la póliza (argumento de las aseguradoras expresamente rechazado por el TSPR). Pero, le concede un poco de latitud a las aseguradoras en la etapa del pre-trial para enfrentar una o la otra y en la del discovery para manejar la prueba que se obtiene de cara al pre-trial. Si la prueba es suficiente para establecer ambas causas de acción, el tribunal solo podrá adjudicar a favor de una de ellas.

Cita destacada:

“Por lo tanto, resolvemos que, aunque el asegurado presente ambas causas de acción, en aras de evitar la duplicidad de remedios, el tribunal solo podrá adjudicar a su favor una de ellas, a saber, la causa de acción seleccionada por el asegurado. Tal selección deberá desprenderse, conjuntamente, de las alegaciones y la prueba presentada por este”. Pág. 26 (énfasis nuestro).

Derecho Constitucional; Legitimación Activa; Legitimación de Legisladores

La segunda opinión es Hon. Rafael Hernández Montañez, Pres. de la Cámara de Representantes, et al. v. Hon. Francisco Parés Alicea, Secretario de Hacienda, 2022 TSPR 14. O como a mí me gusta llamarle: Tatito vs. Paquito.

Resumen Ejecutivo: Un legislador o legisladora carece de standing para demandar e impugnar la constitucionalidad de una actuación del ejecutivo por entender que viola un mandato de ley, ausente una demostración de que la actuación ejecutiva en cuestión viola una prerrogativa legislativa.

Trasfondo: La ley en este caso ordenó que fueran los proveedores de servicios de anuncios, primas de seguros, servicios de telecomunicaciones, servicios de acceso a Internet, y servicios de televisión por cable o satélite fueran quienes presentaran las declaraciones informativas pertinentes sobre pagos por servicios. Antes de la ley, los contribuyentes hacían la declaración del gasto por estos servicios.

Pero, el Secretario de Hacienda emitió una Determinación Administrativa donde en esencia puso en suspenso la aplicación de esa disposición de ley. En otras palabras, el Secretario de Hacienda puso en suspenso la implementación de un mandato de ley.

Razonamiento: Para que un legislador tenga standing, tiene que demostrar que sufrió un daño a sus prerrogativas legislativas. Estas son las que les permiten legislar propiamente. Cuando se trata de la prerrogativa de velar el cumplimiento con la ley, como en este caso, esta se limita a participar del proceso legislativo (e.g. legislar y/o investigar).

Balance: Una vez una medida se convierte en ley, la Asamblea Legislativa pierde su rol y la ejecución queda en manos del Poder Ejecutivo. Se hace el camino más rocoso para que legisladores y legisladoras impugnen actuaciones ilegales de funcionarios ejecutivos.

Disidente: El juez asociado Estrella Martínez disiente enérgicamente. Hace un (buen) punto en torno a la aplicación incorrecta de la doctrina de legitimación activa. En este caso, según el Juez Asociado, esa aplicación tiene el resultado de validar una actuación patentemente contraria al texto de la ley por parte del Secretario de Hacienda. El Juez Asociado argumenta que el hecho de que un ciudadano o ciudadana pueda reclamar, aun esa persona hipotética tendría que demostrar como la actuación ilegal le causa un daño y litigar el caso. Es decir, invertir en tramitar el caso. Sin mencionar que posiblemente deba cumplir con otros requisitos de agotamiento de remedios (“¿O es que, acaso, puede un ciudadano particular promover, de manera más vigorosa que un legislador, una violación al principio de separación de poderes? Claramente, la respuesta es en la negativa.”)

Derecho Constitucional en Contra de la Autoincriminación

La tercera decisión es Pueblo v. Torres Figueroa, 2022 TSPR 17. Esta decisión es una Resolución del TSPR mediante la cual denegó una petición de revisión del acusado. Al así proceder, validó que se admitiera en evidencia una confesión de un menor de edad en un caso criminal de asesinato en primer grado, Ley de Armas y destrucción de prueba.

La Jueza Presidenta, Maite Oronoz Rodríguez, y el Juez Asociado, Ángel Colón Pérez, publicaron opiniones disidentes por separado. En el caso de la Jueza Presidenta, ella explica el trasfondo de la detención prologada y cuestionamiento del acusado para concluir que le cobijaba su derecho a la no autoincriminación y a que se le advirtiera de tal derecho. Ausente la advertencia, la Jueza Presidenta sostiene que la confesión no debe admitirse como prueba en su contra.

El Juez Asociado se comparte el mismo razonamiento, pero añade desde una perspectiva práctica, la importancia de atender con especial consideración los casos de menores con condiciones de salud mental a la luz de la crisis de salud mental que sufren los y las menores ingresadas en instituciones juveniles en Puerto Rico.

Reinstalaciones

¡Enhorabuena! En 2022 TSPR 13 y 16, el TSPR reinstaló en el ejercicio de la abogacía un compañero y a una compañera. Puedes leer los avisos aquí y aquí.

Ya llegamos al fin de esta primera formulación del Resumen Supremo. Confiamos en poder ofrecer mucho más tras el relanzamiento. 👻

Espera el nuevo Resumen Supremo el martes, 1 de marzo de 2022.

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Escrito por Aníbal J. Núñez.

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Covid-19 Update (final): Hace dos semanas anuncié que arrojé positivo a Covid-19. Ya estamos fuera de aislamiento y dando negativo de nuevo. Mi familia no se contagió y como dice Bad Bunny: estamos bien. La verdad: no se tomen el Covid-19 a broma. Los síntomas son reales y el impacto que tiene en tu familia es tal vez el reto más grande. Cuídense.

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Aunque esta edición no incluye resúmenes de decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico (porque esta semana no hubo decisiones nuevas), confiamos en que llenaremos sus expectativas. Así que no sean tímidas o tímidos. Compartan el Resumen Supremo con sus clientes y colegas.

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Facturación Legal

El cuco de la profesión. El terror de los clientes. La razón por la cual muchos y muchas profesionales dejan la práctica o se van in house. La razón por la cual el departamento de administración o contabilidad de tu bufete suele ser el lugar donde más litigas mes tras mes.

Pues, el 7 de enero de 2022, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito (“Primer Circuito”) publicó una opinión sobre la concesión de honorarios de abogado en un caso federal de discrimen y represalias en el empleo bajo el Título VII de la Ley de Derechos Civiles federal de 1964. El caso es uno en la saga de pleitos presentados por personal de la fiscalía federal bajo alegaciones de discrimen y mal manejo de personal por parte de la exjefa de la fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez Vélez. Se titula Pérez Sosa v. Garland, No. 20-2083.

Nos parece interesante el caso no tan solo por lo que decide específicamente, lo cual resumimos en breve, sino porque nos ofrece algunos do’s and don’ts de la facturación legal. Comencemos.

Resumen Ejecutivo: La abogada del demandante que prevaleció en transacción apeló la determinación del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (“Tribunal Federal”) de descontar cientos de miles de dólares en honorarios de abogados reclamados. La abogada reclamó $385,043.75, mientras que el Tribunal Federal le concedió $170,331.56, para un descuento de $214,712.19. ¡Ouch!

Pues el Primer Circuito concluyó que el Tribunal Federal abusó de su discreción en 2 de 7 descuentos disputados por la representante legal. Es decir, reiteró que la mayoría de los descuentos fueron un ejercicio válido de discreción judicial.

¿Cuáles son los aspectos de facturación legal que evaluó el Tribunal Federal?

1. Tiempo en conversaciones transaccionales

Un argumento exitoso de la apelante fue que no le descontaran del pago el tiempo razonablemente dedicado a negociar el acuerdo de transacción. El Primer Circuito concluyó que el tiempo razonable dedicado a esa tarea debe incluirse en el pago de honorarios.

2. Tiempo dedicado a otros casos o asuntos relacionados

El segundo argumento exitoso de la apelante fue que no le descontaran del pago el tiempo “útil y ordinariamente necesario” dedicado a otros casos o asuntos que estén relacionados con el caso bajo su cargo. Algunos ejemplos ilustran la diferencia:

• Se paga: Preparar a un cliente de cara a ofrecer testimonio en un proceso relacionado con el caso bajo su cargo.

• No se paga: Sentarse a mirar un juicio entero con la esperanza de obtener alguna información útil.

3. Tarifas por hora (los rates)

El Primer Circuito concluyó que un rango entre $250 y $300 por hora es razonable para abogados y abogadas experimentadas en el área de San Juan. Al así concluir, rechazó echar a un lado la tarifa de $275 por hora que le concedió el foro inferior. De nuevo, la parte apelante argumentó que una tarifa de $275 por hora era demasiado baja como cuestión de derecho y que debían haberle acreditado los $325 por hora que solicitó.

El Primer Circuito consideró los $275 para trabajo legal “core”. Para trabajo legal “non core”, el Primer Circuito sostuvo la tarifa de $165 por hora. Sigan leyendo para la distinción entre trabajo legal “core” y “non-core”.

4. Trabajo legal “core” y “non-core”

La apelante argumentó que no debieron aplicarle la distinción entre trabajo legal “core” y “non-core”. Argumentó que esa distinción es “desconocida” en Puerto Rico. El Primer Circuito echó un balde de realidad a ese argumento y sostuvo la distinción tras razonar que el mercado de servicios legales en Puerto Rico no es inmune a las limitaciones del mundo real que existen para abogados y abogadas en otros mercados. Para ilustrar la diferencia, unos ejemplos:

• Trabajo “core”: Investigación jurídica, redacción de documentos legales, comparecencias judiciales, negociaciones con la parte adversa, monitorear y cumplir con las órdenes de los tribunales.

• Trabajo “non-core”: Redacción de cartas, conversaciones telefónicas, viajes, revisión de documentos, resumen de deposiciones y transcripciones, reuniones con clientes no relacionadas al manejo del caso, recibir y contestar emails y otra correspondencia general, consultas con expertos y terceros, administración del expediente del caso y redacción de documentos legales cotidianos (boilerplate) como formularios de avisos de deposición y otros formularios.

Interludio

Para aquellas de ustedes que llevan más tiempo, ¿recuerdan una trivia en agosto cuando hablamos de los Alternative Legal Services Providers o ALSPs? Pues esta industria precisamente ofrece servicios “non-core” que no son de exclusiva naturaleza legal. Además de estos ejemplos, otros servicios que un ALSP ofrece son investigación de hechos, revisión y producción de documentos electrónicos, consulta y preparación de expertos, presentación e investigación de financing statements, diligencia comercial, diseño contractual, cumplimiento contractual y reglamentario, y otros servicios normalmente asociados con los servicios corporativos y de litigio. La adopción de esta industria y forma de proveer servicios legales provendrá de los clientes, porque como he escuchado: ¿Para qué darle el trabajo a un paralegal, si el cliente lo paga al rate de abogado? Si quieres leer más, accede el post 120 días. Si quieres evaluar opciones: accede aquí (shameless self-plug).

5. Tareas poco productivas, excesivas e innecesarias

El Primer Circuito concluyó que la reducción de ciertas horas poco productivas fue un ejercicio válido de discreción. Se trata de horas destinadas a mociones frívolas, marginales y superfluas. Incluye trabajo excesivo en preparar la petición de honorarios. Aunque no excluye todas las mociones que no tuvieron éxito, la excepción es ordenar el pago de mociones perdidosas. Así que piensen dos veces antes de destinar tiempo a una moción de sanciones que no tendrá éxito. Mejor aún: no autoricen la tramitación de este tipo de esfuerzos periferales.

6. Descripciones crípticas y excesivamente vagas

“Familiarizarse con el expediente”. “Revisión de documentos”. “Reunión con cliente”. “Llamada con cliente”. “Legal research”. “Confer with co-counsel”. “Confer with client”. “Review documents”. “Develop work plan”. “Analyze case strategy”. Todos estos son ejemplos de descripciones crípticas y vagas.

El Tribunal Federal descontó 30% del tiempo facturado en descripciones vagas y el Primer Circuito validó ese ejercicio de discreción. En resumen, el Primer Circuito nos dice que la entrada de hora facturable debe contener: (a) la fecha del servicio; (b) el tipo de trabajo realizado; y (c) y la fracción de tiempo dedicada a cada tarea. Es decir, no pueden ser demasiado vagas o generales que hagan de su evaluación un ejercicio de clarividencia. “Those records must be at least minimally illuminating: they need not contain granular details, but they must contain some insight into the work performed”.

7. Sobrefacturación e ineficiencias

El Primer Circuito reiteró un descuento de 25% a las 525 entradas de 15 minutos (.25 de hora) que sometió la apelante. El Primer Circuito ilustra que la industria legal factura en fragmentos de 6 minutos (.10), no de 15 minutos (.25). Indica que facturar en intervalos de 15 minutos se presta para la sobrefacturación ya que tiende a sobre estimar el tiempo a favor del abogado o abogada en casi todas las instancias. Así que si facturan o si reciben facturas en intervalos de .25 de hora, consideren revisitar las guías de facturación de su oficina, bufete o negocio. Igualmente, la facturación mediante entradas agregadas (block billing; por ejemplo: “8.0 horas: revisión de documentos producidos por parte adversa”) tienden a reflejar facturación inflada.

Balance

La opinión del Primer Circuito es muy ilustrativa. Abarca las principales penurias de la facturación legal desde la perspectiva de los clientes. En su rol de administrar la justicia en casos de violaciones a derechos civiles, el tribunal debe escudriñar las facturas entrada por entrada. Este ejercicio es importante que también lo realicen los clientes en todos sus asuntos. Para ello existen varias herramientas de tecnología. Tanto que hasta existe toda un área de práctica dedicada a eliminar ineficiencias en departamentos legales: Legal Operations.

11 Do’s and Dont’s de la facturación legal, según el Primer Circuito

1. Facturar con suficiente detalle e incluir la naturaleza del trabajo. (Ej: “Reunión con cliente re preparación para deposición”).

2. Facturar tareas legales al rate de trabajo legal. Facturar otro trabajo (paralegal, traducciones, secretarial, etc.) al rate paralegal que corresponde.

3. Facturar en intervalos de 6 minutos (.10 de hora).

4. Entrar el tiempo de manera contemporánea al servicio (facturar todos los días).

5. Evitar el “block billing” o la facturación agregada.

6. Usar un sistema moderno de facturación y/o practice management.

7. Vencer la tentación de facturar y autorizar tareas sin valor para el cliente (que no adelanta la causa de acción o defensa).

8. Revisar los rates por hora. Entre $250 y $300 es razonable para profesionales con experiencia.

9. Implementar y hacer valer guías de facturación. Si quieres un modelo, accede aquí para uno sencillo y aquí para uno más complejo.

10. Implementar facturación por proyectos o a tasas fijas (fixed fees e igualas).

11. Integrar proveedores alternativos de servicios legales que añadan valor y eficiencias que los bufetes, por su estructura, no pueden ofrecer.

Eso es todo esta semana. Esperamos nuevas decisiones del TSPR para el próximo resumen. Gracias por leernos y seguirnos. Dale like y comparte el Resumen Supremo.

¿Cuál ha sido tu peor experiencia con la facturación legal? Deja un comment abajo con tu historia.

Espera el próximo Resumen Supremo el martes, 15 de febrero de 2022: Edición del día después de San Valentín 😈

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Escrito por Aníbal J. Núñez.

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Covid-19 Update: El martes anuncié que arrojé positivo a Covid-19. Pues tras más de una semana de aislamiento, estoy mejor gracias al descanso y al cuidado médico. No sé si haberme vacunado evitó peores síntomas. Pero me gusta pensar que sí. Espero salir pronto de esto. Si me ven en la calle, me pueden abrazar: estaré libre de Covid-19 e inmune por un rato.

Bienvenida: Desde la semana pasada se han suscrito 50 nuevas personas al Resumen Supremo. Reciban mi más cálida bienvenida y espero que les guste esta edición. Con su visita y registro logramos un nuevo milestone: más de 1,000 impresiones de un solo post en menos de 72 horas. Gracias por unirse y por regar la voz.

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Derecho Constitucional y Administrativo

La primera opinión de mayoría de esta semana es Pérez López v. Departamento de Corrección y Rehabilitación, 2022 TSPR 10. La mayoría de corriente conservadora del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) concluyó que las personas confinadas no tienen un derecho constitucional a fotocopiar documentos que no están dirigidos a un tribunal.

Trasfondo: De ordinario no resumimos los hechos. Esa parte es el trabajo de los abogados y abogadas. Pero, en ciertas opiniones es necesario para entenderla mejor.

En este caso, el confinado pretendía enviar unas cartas a ciertas oficinas ejecutivas y legislativas con relación a las condiciones de su encarcelamiento y las alternativas de su rehabilitación. Solicitó a la biblioteca del Dpto. de Corrección sacar y guardar una copia de dichas cartas para evidenciar sus gestiones como parte del agotamiento de remedios que deben establecer para obtener ciertos remedios judiciales. Sin embargo, el Dpto. de Corrección le denegó la fotocopia bajo el fundamento de que no se trataba de un escrito o moción dirigida al Tribunal. Lo hizo amparado en un reglamento titulado “Reglamento Acceso a Recursos Legales” (“Reglamento”) y un reglamento interno titulado “Manual de Normas y Procedimientos de Servicios Bibliotecarios en Instituciones Correccionales del Departamento de Corrección y Rehabilitación” (“Manual”).

Derecho de acceso a los tribunales: El TSPR reconoce que a la población correccional le cobija un derecho de acceso a los tribunales de estirpe constitucional. Sin embargo, la mayoría del TSPR en este caso razona que dicho derecho está limitado por el Reglamento y el Manual. De esta forma, concluye que si no es una moción u otro escrito al tribunal (incluidas cartas a abogados y abogadas dentro de un proceso judicial), el Superintendente de Corrección cuenta con facultad discrecional para conceder o denegar la fotocopia.

Standing y Revisión Judicial: Otro asunto importante que decide la opinión es que, en este contexto, por no tratarse de la denegatoria de un escrito a un tribunal, una reclamación extrajudicial o una comunicación privilegiada con su representante legal, tampoco se tiene un daño suficiente para configurar standing a nivel de revisión judicial. En otras palabras, la denegatoria de una fotocopia a una persona confinada de un documento que no guarde relación con un proceso judicial, de ordinario, no podrá ser objeto de revisión judicial.

Disidente: Por voz del juez asociado Estrella Martínez, la minoría menos conservadora del TSPR disintió en ambos aspectos medulares de la controversia. Estiman que el derecho de acceso a los tribunales no es tan estrecho y que la revisión judicial no debe ser tan deferente. De hecho, hubiesen invalidado las disposiciones reglamentarias que limitan el derecho a obtener fotocopias.

Contexto: El Gobierno de Puerto Rico aceptó en Morales Feliciano v. Fortuño Burset, Court Case No. 3:79-cv-00004 ante la Corte Federal del Distrito de Puerto Rico, el Dpto. de Corrección acordó mediante estipulación que todas las bibliotecas proveerían fotocopias libre de costo a personas confinadas indigentes (“Photocopies and postage stamps will be made available for sale to all inmates, but will be provided to indigent inmates at no cost to them”). Véase, id., en la pág. 4. Esta estipulación tiene fecha de 2012, mientras que el Reglamento es de 2010 y el Manual de 2016. ¿En qué quedó la estipulación en Morales Feliciano tras esta opinión?

Derecho de Familia y Comunidad Postganancial

La segunda opinión de esta semana es Díaz Rodríguez v. García Neris, 2022 TSPR 12. Este es otro caso que demuestra lo inidóneos que somos los abogados y abogadas para la faena aritmética y financiera.

Resumen Ejecutivo: El TSPR concluye que las Guías Mandatorias para Computar las Pensiones Alimentarias en Puerto Rico solo se usan para determinar la obligación de los alimentantes para con los menores. Es decir, se usan para establecer la suma de la pensión alimentaria.

¿Qué pasó en este caso? El TPI usó las guías años después de establecida la pensión alimentaria para imputar parte del pago de dicha pensión a uno de los excónyuges a modo de crédito al momento de liquidar un bien postganancial. Al así hacerlo, ignoró una estipulación entre los excónyuges en torno a cómo liquidarían dicho bien postganancial en el futuro.

En otras palabras: Cuando como parte de un divorcio por consentimiento mutuo las partes llegan a un acuerdo en torno a la disposición y/o liquidación de bienes, esas estipulaciones tienen efecto de cosa juzgada y se interpretan como otros contratos. La única excepción es si la estipulación incide sobre la pensión alimentaria. Las estipulaciones sobre pensión no tienen efecto de cosa juzgada. Por lo tanto, un tribunal comete un error de interpretación contractual al usar las guías en abstracción de las estipulaciones entre las partes.

Practice tip: Las pensiones alimentarias pertenecen a los y las menores. No pertenecen a quien las recibe. Tampoco pertenecen a quien las da cuando, como en este caso, se paga la pensión directamente al banco hipotecario. El dinero es fungible. Que lo pagues al banco o a la financiera da igual. Sigue siendo un pago que no podrán acreditarse posteriormente. Debemos tener más cuidado al redactar e interpretar estipulaciones de divorcio.

Conducta Profesional

La tercera opinión de esta semana es In re: Virgilio J. González Pérez, 2022 TSPR 9. El TSPR separó al colega de la abogacía y de la notaría por espacio de 3 meses. El juez asociado Colón Pérez le hubiera dado 6 meses, mientras que la jueza asociada Pabón Charneco y el juez asociado Estrella Martínez no intervinieron.

Este es el segundo caso casi consecutivo sobre esencialmente la misma falta: autorizar un testimonio de firma sin la presencia del firmante. En este caso, un prestamista fue a la oficina del letrado, le entregó el título firmado que mantenía en garantía de pago de un préstamo y le pidió autorizar el traspaso del título por affidavit bajo el pretexto de que había sido dado en pronto pago (trade-in) de un auto cuando no era cierto.

El letrado autorizó el affidavit. Indicó en el título que ambos comparecientes lo habían firmado en su presencia, lo que era falso. También dejó de informar el affidavit en su informe mensual, no lo incluyó en el Registro de Testimonios y borró las únicas fotos que le había tomado al affidavit antes de olvidar registrarlo.

Como imaginan, esta conducta viola los deberes de diligencia, sinceridad y honradez, y de evitar la apariencia de conducta impropia. También viola la fe pública notarial y otras disposiciones de la Ley Notarial y su reglamento.

Defensas que no prosperaron: Echarle la culpa al prestamista y que interpretar erróneamente una disposición legal “no lo convierte en un notario antiético, sino en un abogado que le dio una interpretación errada a una disposición legal confusa”.

Norma sustantiva: El Artículo 2.40 de la Ley de Vehículos y Tránsito permite hacer traspasos sin la presencia del vendedor del vehículo, solo si éste firmó el título previamente como parte de una compraventa de un nuevo vehículo para el cual dio el vehículo anterior en trade-in como pronto pago.

Contexto: Esta era la segunda queja por esencialmente la misma conducta que pesaba en contra del letrado. En la primera tuvo más suerte pues fue archivada por desistimiento del promovente.

Moraleja: Trust (your clients), but verify.

Procedimiento Civil

Mediante Sentencia, el TSPR devolvió un caso al Tribunal de Primera Instancia (TPI) para que consigne los hechos materiales en controversia tras denegar una moción de sentencia sumaria. La decisión es Delgado Adorno v. Foot Locker Retail, Inc., 2022 TSPR 8.

TL;DR: En una opinión de conformidad, la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez relata los hechos relevantes y el derecho aplicable al caso. En síntesis, el TPI denegó una moción de sentencia sumaria, pero dejó de relatar en la resolución los hechos que entendía estaban en controversia. En cambio, el TPI se limitó a relatar conclusiones de derecho.

En su opinión de conformidad, la Jueza Presidenta repasa las normas acerca de mociones de sentencia sumaria y explica la diferencia entre un hecho y una conclusión de derecho: “[L]as determinaciones de hechos establecen qué fue lo que pasó, mientras que en las conclusiones de derecho se determina el significado jurídico de esos hechos conforme a determinada norma legal”. También señaló el error del Tribunal de Apelaciones de no intervenir en la denegatoria de una moción de esta naturaleza.

Para el público general: La moción de sentencia sumaria es un mecanismo procesal que dispone de la necesidad de ver un juicio en su totalidad o en parte. Al denegarla, los tribunales tienen que relatar los hechos esenciales que no están en disputa y los hechos esenciales que están en disputa. Al no hacerlo, el tribunal priva a las partes y a los tribunales de una revisión judicial adecuada del juicio.

Calendario Judicial

Cerramos con noticias acerca del calendario judicial. En In re: Extensión de Términos, 2022 TSPR 11, el TSPR anunció los siguientes días de cierre total:

1. 21 de marzo de 2022,

2. 14 de abril de 2022,

3. 26 de julio de 2022,

4. 25 de noviembre de 2022,

5. 5 de enero de 2023,

6. 3 de marzo de 2023,

7. 6 de abril de 2023,

8. 3 de julio de 2023,

9. 28 de julio de 2023,

10. 24 de noviembre de 2023, y el

11. 5 de enero de 2024.

Stick a fork in me... Gracias por leernos y seguirnos. Dale like y comparte el Resumen Supremo. Comparte esta edición en el grupo Abogados de Puerto Rico a ver si le damos la bienvenida a 50 colegas más.

Espera el próximo Resumen Supremo el martes, 8 de febrero de 2022.

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Escrito por Aníbal J. Núñez.

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Hay que reír.

Dentro de todo, estoy bastante bien. Mejor que hace un par de días que me sentía como (probablemente) se sintió la estatua de Juan Ponce de León tras caer al suelo. Mi familia está bien hasta el momento GAD. Confío en que sigan así. Luego publicaré alguna reflexión sobre el proceso. Por lo pronto, nos ocupamos con lo que nos toca: el Resumen Supremo de esta semana.

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Código Municipal y Procesal Civil

Es difícil seleccionar el tema de esta opinión unánime del TSPR. En Francisco Torres v. Mun. de San Juan, 2022 TSPR 04, el TSPR concluyó que, en el contexto de boletos municipales por violaciones de tránsito, el proceso de impugnarlo depende del tipo de boleto que recibes.

Resumen Ejecutivo: De acuerdo con la derogada Ley de Municipios Autónomos, ahora conocida como el Código Municipal, hay dos procedimientos posibles para impugnar un boleto de tránsito municipal:

1. Si fue un boleto de parquímetro, el proceso de impugnar el boleto lo establece cada municipio por reglamento en cumplimiento con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU).

2. Si fue un boleto de tránsito o estacionamiento que no tiene que ver con un parquímetro, el proceso de impugnar el boleto es el de la Ley de Tránsito. Es decir, igual a los boletos de la policía estatal.

¿Cuál es el proceso bajo la Ley de Tránsito?

A grandes rasgos, se puede radicar un recurso de revisión judicial de cualquier boleto de tránsito, estatal o municipal, excepto aquellos relacionados a parquímetros, dentro del plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de recibo del boleto. Presentado el recurso de revisión, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) deberá celebrar una vista para atender el recurso. El fallo del TPI será definitivo en cuanto al deber de pagar el boleto impugnado.

Contexto adicional: Esta parece ser la apelación más costosa del año considerando que la suma en disputa es el boleto de $500.00. Hay asuntos que se luchan por principios. Si pensaste que estos asuntos son solo aquellos sobre libertades civiles y derechos humanos, estarías mal. Boletos de tránsito también van a esa lista.

Pro tip: Cada boleto debe incluir las siguientes advertencias: (1) el término de tiempo (30 días) para presentar el recurso de revisión; (2) la sala del TPI donde debes presentar el recurso; (3) la manera de formalizar el recurso; (4) una advertencia del deber de notificarlo al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), incluyendo el término de tiempo para así hacerlo, y (5) las instrucciones en caso de que interese cancelar de inmediato el gravamen. Es parte de tu debido proceso de ley recibir notificación de tu remedio de revisión.

Derecho Registral, Derecho Notarial y Ley de Transacciones Comerciales

El siguiente caso de esta semana es Delgado Pol v. Crespo Rodríguez, 2022 TSPR 2. En esta decisión unánime, el TSPR concluyó que todos los tribunales inferiores se equivocaron y no le dio la razón en su totalidad a ninguna de las partes. En buen español, el TSPR repartió leña a todas las partes.

Historia confusa. Hay que hacer un croquis para entender los hechos. Pero, en síntesis, dos partes otorgaron dos compraventas. El comprador emitió un pagaré al portador y dos hipotecas en garantía de dicho pagaré. Sin embargo, las hipotecas no indicaban en qué proporción respondería cada una de la deuda en el pagaré. Posteriormente, luego de negociarse el pagaré a un tercero, un notario distinto a la que autorizó las hipotecas otorgó un documento titulado “Acta aclaratoria y de subsanación” para precisamente fijar la proporción en que cada hipoteca responde de la deuda en el pagaré. El notario hizo esto a instancia de las partes a las compraventas, pero sin su comparecencia o la del acreedor/tenedor del pagaré.

Decisión del TSPR: Se deciden dos asuntos materiales:

1. La llamada “Acta aclaratoria y de subsanación” es nula porque lo que procedía era una escritura de rectificación con la comparecencia del deudor y del acreedor/tenedor del pagaré, además de cualquier otra parte cuyos derechos registrales puedan verse afectados por la rectificación, y porque el notario que pretendió subsanar las hipotecas no fue la notaria que autorizó las hipotecas.

2. Las hipotecas también son nulas por no incluir la proporción en que cada una respondería de la deuda en el pagaré. Este defecto dejó de ser subsanable mediante escritura de rectificación bajo las circunstancias de este caso.

Mini repaso notarial: Diferencias entre la rectificación y la subsanación

El TSPR explica que las escrituras de rectificación sirven para corregir inexactitudes en las constancias de los derechos inscritos en el Registro causadas por falsedad, nulidad o defecto del título. En estos casos, la rectificación requiere el consentimiento de la persona titular afectada o una resolución judicial a tales efectos.

En cambio, un acta de subsanación es un instrumento público para corregir defectos u omisiones en otro instrumento público, siempre y cuando no afecten el negocio jurídico en cuestión. Este instrumento lo otorga el notario o notaria que autorizó el instrumento público original. La única excepción es cuando el notario o notaria que autorizó el instrumento público original fue suspendido o suspendida de la profesión. En estos casos, se trata de datos o hechos que presenció o le constan personalmente al notario o notaria autorizante y que no afectan el negocio jurídico.

Otros temas: La decisión discute a grandes rasgos algunos temas sobre la Ley de Transacciones Comerciales, el pagaré como instrumento negociable y las normas sobre hipotecas. De especial relevancia la distinción entre el consentimiento que se requiere al subsanar o rectificar una hipoteca antes o después de que un pagaré fue negociado.

Conducta Profesional

Las otras dos opiniones de esta semana son de conducta profesional. La primera es In re: José R. Meléndez Mulero, 2022 TSPR 3. En este caso, el TSPR separó al colega de la abogacía por periodo de un año por las siguientes faltas:

1. No contestar requerimientos de información de la Oficina del Procurador General, lo que retrasó el trámite investigativo de su queja y revela indiferencia a los deberes de la profesión.

2. Desatender un pleito civil tras ser removido al foro federal por los demandados, lo que desembocó en la desestimación sin perjuicio de la demanda.

3. No mantener informada a su cliente y ocultarle la verdad (gaslighting). Según la opinión, no fue hasta después de la queja ética que el colega le informó a su cliente de la desestimación del caso. Para referencia, la desestimación fue el 12 de febrero de 2009 y la queja fue el 14 de junio de 2010.

Si un año parece un poco harsh para esta conducta, consideren que, según la opinión del TSPR, el colega alegadamente tomó tiempo para llamar a la querellada para reclamarle y solicitarle que se retractara ante el TSPR y “se rió a carcajadas haciendo gestos que demostraron no tener respeto por el proceso” durante la vista ante el Comisionado Especial a cargo de investigar la queja ética.

La segunda es In re: Juan M. Maldonado De Jesús, 2022 TSPR 6. Si les parece familiar, se trata del abogado que autorizó una declaración jurada con una firma falsa para lograr un contrato de compra de prueba de Covid-19 al comienzo de la pandemia en el 2020. Pues por esos mismos hechos, el TSPR separó al colega de la abogacía y de la notaría indefinidamente. Esta es la pena más severa de todas. Interesante desde el punto de vista notarial es que, por radicar un índice mensual con información sobre hechos falsos, como lo es el que una persona compareció a firmar un documento cuando no fue así, es una violación independiente al Canon 35, a varios artículos de la Ley Notarial y a varias reglas del Reglamento Notarial.

Derecho de Confrontación, Sexta Enmienda y Debido Proceso de Ley

En la sección tl;dr (too long; didn’t read) de esta semana está la Resolución del TSPR en Pueblo v. Pérez Núñez, 2022 TSPR 1. La Resolución cuenta con expresiones de la Jueza Presidenta Maite Oronoz Rodríguez y Voto Particular disidente del Juez Asociado Edgardo Rivera García, a la que se unieron los Jueces Asociados Mildred G. Pabón Charneco y Roberto Filiberti Cintrón.

The gist of it: La decisión del TSPR fue de no revisar una petición de fiscalía que buscaba revertir determinaciones del TPI y del Tribunal de Apelaciones (TA) a los efectos de requerir que cierto testigo de cargo declarara personalmente en un juicio y no permitirle declarar por videoconferencia.

Discreción y deferencia: En este caso, el TPI recibió prueba de facultativos médicos sobre la capacidad física del testigo de viajar en avión de Texas a Puerto Rico para declarar tras el comienzo de la pandemia en 2020. Esta apreciación de la prueba por el TPI de ordinario merece deferencia. En este caso, la disidencia sostiene que dejarían a un lado el criterio del TPI para permitir que el testigo declare por videoconferencia.

Fundamento disidente: Ya que el testigo sufre de complicaciones cardiacas, viajar y exponerse al Covid-19 es un asunto posiblemente de vida o muerte. Aun tomando todas las precauciones posibles, la disidencia sostiene que el testigo podría contagiarse en el viaje de ida o vuelta, o inclusive durante el juicio. Por tanto, es un interés importante proteger su vida. Igualmente, la videoconferencia es un método aceptable para garantizar la confiabilidad de la evidencia. Estos dos son los elementos de la excepción al requisito de presencia física del derecho de confrontación en juicio.

Pregunta de reflexión: Como alguien que tomó todas las precauciones posibles y como quiera se contagió, ¿es razonable usar el Covid-19 como razón para exceptuar la aplicación de garantías constitucionales? De pensar que sí, ¿hay un punto donde deja de ser razonable continuar utilizando el Covid-19 como razón para exceptuar la aplicación de garantías constitucionales? ¿Cuál es el punto?

Como dice Guille: “Desde Brasil, la gran popeya. Búscame donde haya un sol, donde se acabe el mar…ese es el punto uiiiiiiiiii".

Reinstalaciones y Readmisiones

Dos colegas comienzan el año con sus licencias listas para atender y facturar en incrementos de 1/4 de hora. ¡Enhorabuena! Se trata de In re: Carmelo Pérez García, 2022 TSPR 5 y también de In re: Felipe Hernández Román, 2022 TSPR 7. Ambos fueron readmitidos y reinstalados, respectivamente, a la práctica de la abogacía.

Eso es todo por esta semana. Gracias por leernos y seguirnos. Dale like y comparte el Resumen Supremo. Comenta qué planes alternativos tenías para la estatua de Juan Ponce de León. Abajo unas ideas.

Espera el próximo Resumen Supremo el martes, 1 de febrero de 2022.

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Trivia

¿Qué dúo dinámico pegó una canción con la siguiente referencia a la famosa sportsbike del fabricante japones Suzuki?

Pégame ese canto 'e Hayabusa (Ah),

Medusa, tu mirada conmigo se cruza.

Sigue leyendo para la respuesta (y el link al video).

Conducta Profesional y Derecho Notarial

El único caso publicado el viernes pasado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) fue In re: Roxanna I. Soto Aguilú, 2021 TSPR 162. Si el nombre le es familiar, probablemente es por una de dos razones: (1) se leyeron In re: Soto Aguilú, 202 DPR 137 (2019); o (2) porque la recuerdan de cuando saltó a la fama en el Verano del ‘19 tras salir en defensa del entonces gobernador Ricardo Rosselló.

También podría ser porque usted no solo sigue y lee al Resumen Supremo, sino que es también una de las sobre 119,000 personas que la siguen en la red social Facebook o de las sobre 4,500 que la siguen a través de Twitter. ¿Ella tendrá Instagram? ¿Tik Tok? #askingforafriend. Francamente, ojalá algún día en el Resumen Supremo lleguemos a 4,500 o 119,000 seguidores y seguidoras (aunque con contenido distinto). Ayúdanos a lograrlo con un share.

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A lo que vinimos: Pues en In re: Soto Aguilú II, el TSPR le puso un freno a la práctica de la notaría de la colega por espacio de un año tras esencialmente haber autorizado en el 2007 una escritura de compraventa que a la fecha de la opinión del TSPR (30 de diciembre de 2021) no se había inscrito en el Registro de la Propiedad.

Conducta profesional impropia: A la colega le adjudicaron violaciones a los Cánones 18, 19 y 38 del Código de Ética Profesional y violaciones a varios artículos de la Ley Notarial, Ley Hipotecaria y del Código de Rentas Internas.

¿Cómo se puede incurrir en todo eso con una sola escritura? Veamos.

De acuerdo con el texto de la opinión del TSPR, la colega incurrió en las siguientes faltas:

1. Dar fe de que un compareciente lo hacía por derecho de representación en una sucesión por testamento (como saben, el derecho de representación no aplica en una sucesión por testamento). En otras palabras, dar fe de que alguien tenía capacidad de representar a un coheredero, cuando no tenía esa capacidad. Al así proceder, tampoco parece haberse confeccionado el consentimiento necesario para la compraventa porque eran coherederos y se requiere su consentimiento unánime para vender un bien hereditario.

2. Tampoco consignó en la escritura el derecho hereditario de los vendedores. Es decir, la propiedad todavía aparecía en el Registro de la Propiedad a nombre del causante.

3. Omitió incluir en la escritura: (i) la fecha del fallecimiento del causante; (ii) la descripción de la copia certificada del certificado de defunción del causante; (iii) los datos del testamento otorgado en vida por el causante y los datos de la Certificación expedida por el Registro de Testamentos; (iv) las particularidades con la declaración de herederos, los testamentos relevantes y los datos de inscripción de las instancias relevantes en el Registro.

   Esto me lleva a la siguiente pregunta: ¿La Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) inspeccionó a la colega entre el 2007 y el 2020 (año de la queja que originó esta suspensión)? Imaginaría que algunas de estas faltas debieron haber surgido en una inspección de la notaría a su cargo. Yo llevo 10 años y me inspeccionaron una vez (recientemente). ¿Pasaron sobre 13 años sin inspección?

4. Autorizó la compraventa sin las certificaciones de gravamen sobre el caudal relicto relevantes.

5. Omitió plasmar en la escritura las advertencias sobre la conveniencia de obtener una certificación sobre deuda contributiva del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) y dio fe de un hecho incorrecto al aseverar que la propiedad estaba libre de cargas y gravámenes cuando la propiedad tenía deuda contributiva ante el CRIM.

6. Esperó más de una década, tras múltiples solicitudes, para actuar afirmativamente para atender el asunto. De hecho, dicta la opinión que “[n]o fue hasta el 2019 que la licenciada Soto Aguilú realizó gestiones afirmativas ante el Departamento de Hacienda para atender este asunto”.

7. Causó perjuicio a terceros toda vez que además de no tener la compraventa acceso al Registro de la Propiedad, los compradores no han podido tampoco inscribir una segregación posterior para la cual ya se obtuvo la autorización de la Oficina de Gerencia de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

¿Qué nos enseña esta opinión? Muchas cosas.

1. Que los notarios y notarias tienen una obligación ética de comprobar que el instrumento público ante su presencia cumpla con la totalidad de las formalidades de la ley y de corroborar la realidad registral al otorgamiento (no descansar en el estudio de título).

2. Que los notarios y notarias tienen un deber ineludible de instruir a los otorgantes las consecuencias de sus actos jurídicos y deben cerciorarse de que la escritura cumple con los requisitos legales que dan vida a la voluntad de las partes.

3. Que los notarios y notarias poseen el deber de ejercer su función con excesivo cuidado, esmero y celo profesional.

4. Que debemos recordar nuestro rol dual como notarios y notarias. Por un lado, como funcionarias y funcionarios públicos, damos fe de lo que vemos, oímos y percibimos por nuestros sentidos. Por otro lado, como juristas, autenticamos y formulamos un juicio, damos fuerza probatoria a las declaraciones de voluntad de las partes que debemos redactar conforme a la ley.

5. Que debemos recordar los 4 deberes principales que tenemos como notarios y notarias:

   1. Indagar la voluntad de las partes;

   2. Formular la voluntad indagada;

   3. Investigar ciertos hechos y datos de los que depende la eficacia o validez del negocio; y

   4. Dar a las partes la información, aclaraciones y advertencias necesarias para que comprendan el sentido, los efectos y las consecuencias del negocio y entiendan los riesgos involucrados.

6. Que simplemente allanarse a las conclusiones y recomendaciones de ODIN, exceptuando la recomendación de que te separen indefinidamente de la notaría, es una buena estrategia de defensa en casos de esta naturaleza. En este caso, la colega se allanó a la suspensión de un año de la notaría recomendada por ODIN.

Bottom line: Tras toda esta conducta, el TSPR concluyó que la colega violó el canon 18 (deber de competencia y diligencia), 19 (deber de informar a clientes) y el 38 (dignidad y honor), toda vez que, si se viola el canon 18 y a la vez se maltrecha la fe pública notarial, se viola también el canon 38.

Respuesta a la Trivia

El dúo dinámico que pegó la referida estrofa fue, obviamente, Wisin y Yandel (Wiiiiisin y Yandeeeel), con su éxito Pega’o del álbum Los Vaqueros lanzado en noviembre de 2006. Aquí tienen el link que les prometí pa’ que blasteen este clásico.

Este viaje motorizado culmina aquí. Como siempre, ¡gracias por leernos! Dale like y deja un comentario con tu opinión sobre la frecuencia con la que ODIN debe realizar inspecciones.

Espera el próximo Resumen Supremo el martes, 25 de enero de 2022.

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Derecho Constitucional y Derecho Electoral

En un caso más de la saga en torno al control administrativo sobre la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico (CEE), el TSPR decidió en Rosario Rodríguez v. Rosado Colomer y Padilla Rivera, 2021 TSPR 160, que el Presidente y Presidenta Alterno de la CEE pueden continuar en sus cargos hasta que sus sucesores tomen posesión de acuerdo a la ley.

Trasfondo: El Comisionado Electoral del partido político Proyecto Dignidad presentó una demanda para buscar que el tribunal declarara vencidos los términos del Hon. Francisco Rosado Colomer y de la Hon. Jessika Padilla Rivera, en sus respectivos cargos como Presidente y Presidenta Alterna de la CEE.

Lo hizo anclado en la opinión del TSPR en Nogueras v. Hernández Colón II, 127 DPR 638 (1991) (“Nogueras II”), que dispone que los nombramientos no pueden extenderse “después de finalizada la próxima sesión legislativa siguiente a dicha expiración”. En este caso, la fecha de expiración de acuerdo a Nogueras II fue el 16 de noviembre de 2021.

Sin embargo, el Código Electoral de Puerto Rico incluye una cláusula de continuidad indefinida que les permite contiunar en sus cargos hasta que sus sucesores tomen posesión. Entonces, ¿es válida esta cláusula?

Conclusión: Una mayoría del TSPR decidió que la clásula de continuidad indefinida en el Código Electoral de Puerto Rico es un mecanismo legislativo válido que no viola el mandato constitucional de separación de poderes. Para hacerlo, revocó la opinión previa en Nogueras II.

Fundamentos: Varios. Para retener en el cargo personas que cuenten con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. Para evitar vacantes y disloques administrativos, y dar establidad a la función gubernamental. También, para limitar el poder del Gobernador de realizar nombramientos en receso. Aunque decide que la doctrina de separación de poderes no impide esta cláusula, la opinión de mayoría no discute las razones.

¿Cómo funciona? Hay que leer esta opinión en conjunto con el Resumen Supremo de 19 de octubre de 2021.

El Código Electoral estableció un mecanismo “peculiar y poco ortodoxo” para seleccionar personas al cargo de Presidente y Presidente Alterno de la CEE. Primero, la selección puede ocurrir por acuerdo unánime de los Comisionados Electorales de los distintos partidos políticos (descripción gráfica de las probabilidades de que esto pase). Segundo, el Gobernador puede hacer un nombramiento para confirmación de dos terceras (2/3) partes de la membresía del Senado y de la Cámara de Representantes de Puerto Rico (descripción gráfica de las probabilidades de que esto pase). El tercer mecanismo fue declarado inconstitucional en Senado de Puerto Rico v. TSPR, 2021 TSPR 141.

Debido al panorama político actual, no se han seleccionado los o las sucesoras del Hon. Francisco Rosado Colomer y de la Hon. Jessika Padilla Rivera. Recordarán que estos funcionarios fueron nombrados por acuerdo unánime de los partidos inscritos de cara a las elecciones del 2020, tras la vacante dejada por el Hon. Juan Ernesto Dávila Rivera, quien renunció tras la primaria de dos días de 2020.

A la luz de esta opinión, el liderato administrativo de la CEE continuará inalterado.

¿Algo más? Sí. Mucho. La opinión de conformidad del juez asociado Hon. Luis F. Estrella Martínez defiende el resultado a la luz de la separación de poderes, tema sin discutir en la opinión de mayoría. La opinión disidente de la jueza presidenta Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez ataca poderosamente los fundamentos de la opinión de mayoría. El juez asociado Hon. Ángel Colón Pérez comparte generalmente la posición de la Jueza Presidenta, aunque lo hace mediante opinión disidente propia.

Derecho Procesal Penal y Debido Proceso de Ley

La siguiente es una Sentencia en el caso Pueblo v. Arroyo Rodríguez, 2021 TSPR 159. Una mayoría del TSPR concluye que el peticionario no sufrió una violación a su derecho a un debido proceso de ley tras ver desestimada su apelación criminal por desatención y abandono, no obstante contar con los servicios de abogado.

Trasfondo: Una persona solicitó resentencia al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, tres (3) años después de resultar convicto por actos lascivos, con el propósito de apelarla. El fundamento para la moción de resentencia es que sufrió falta de representación adecuada en la etapa apelativa tras ver su apelación de hace tres (3) años desestimada por desatención y abandono por parte del abogado que le representó.

En su caso, el abogado presentó una apelación defectuosa. Tras varios avisos del Tribunal de Apelaciones, el abogado nunca corrigió las deficiencias. Esto provocó que se desestimara el recurso apelativo.

Decisión del TSPR: El Máximo Foro concluye que el convicto-peticionario no sufrió la violación de su derecho a un debido proceso de ley en la etapa apelativa ya que el Tribunal de Apelaciones ordenó la notificación de ciertas órdenes y avisos del estado de la apelación al convicto.

Contexto: La decisión es una sentencia. No carga fuerza de ley. Sin embargo, parece sugerir un criterio adicional para demostrar una violación al derecho a una representación legal adecuada. Ahora parece que hay que probar que fue imposible evitar la representación inadecuada, además de los tres criterios que de ordinario son necesarios probar:

1. Que el desempeño de su representación legal fue deficiente dentro de un parámetro objetivo de razonabilidad;

2. Que esa deficiencia lo afectó, y

3. Que existe una probabilidad razonable de que el resultado hubiera sido distinto de no haber mediado esa deficiencia.

Disidencia: Divididos por ideología, la minoría del TSPR ataca no solo los fundamentos de la sentencia, sino el proceder del TSPR. Entienden que la mayoría omitió la oportunidad de evaluar ciertos asuntos de hecho que entienden estaban en controversia: como si en efecto el convicto-peticionario recibió personalmente la notificación del Tribunal de Apelaciones.

Conducta Profesional

En In re: Marie Liz Vargas Martínez, 2021 TSPR 156, el TSPR suspendió a una colega del ejercicio de la abogacía y la notaría de manera inmediata e indefinida. De acuerdo a la opinión, la colega incumplió varias órdenes del TSPR para atender una querella presentada por un excliente. En ese caso, el cliente alegó que vio desestimada su demanda por falta de diligencia y representación legal tras la colega alegadamente abandonar el caso.

Reactivaciones y Reinstalaciones

¡Enhorabuena! El TSPR reinstaló a la colega Rebecca Martínez Jiménez y reactivó a la colega Nilda Carrero Nieves, ambas a la práctica de la abogacía. Pueden ver las resoluciones aquí y aquí.

Administración de la Justicia

En In re: Designación del Director Ejecutivo de la Comisión de Evaluación Judicial, 2021 TSPR 161, el TSPR designó al Lcdo. Alexander G. Reynoso Vázquez como Director Ejecutivo de la Comisión de Evaluación Judicial, efectivo el 18 de enero de 2022.

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1. Como saben, ayer recibimos noticia del nombramiento del Juez de Apelaciones, Hon. Roberto Rodríguez Casillas, a la vacante de juez asociado en el TSPR. Pero, el Presidente del Senado, Hon. José L. Dalmau indicó que le parecía innecesario llenar la vacante. Pueden leer aquí un reportaje acerca del nominado por Daniel Rivera Vargas para Micojuris.com, publicado el 30 de mayo 2021.

2. Escribo esta edición de madrugada. El 9 de enero de 2021, recibimos a este mundo a nuestra hija, Paz. Lo comparto porque a veces es bueno recordar y compartir las razones por las cuales uno se levanta día a día a ejercer esta noble profesión.

El final ha llegado. Que triste cuando llega. Excepto, cuando sabes que es solo el comienzo. Esperamos cosas nuevas para el Resumen Supremo este 2022. Pendientes.

Por lo pronto, ¡gracias por leernos! Dale like y deja un comentario con tus recomendaciones para manejar simultáneamente un toddler, una recién nacida y un workload de casos civiles.

Espera el próximo Resumen Supremo el martes, 18 de enero de 2022.

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Toda vez que no hay decisiones nuevas del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR), esta semana solo compartimos una breve reflexión sobre los primeros cinco meses de publicación del Resumen Supremo, el año en general y lo que aspiramos en el 2022.

🙏 Agradecimientos. Ese es mi primer takeaway. Gracias por leernos. Gracias por seguirnos. Cuando comencé con el proyecto, tenía alguna idea del recabo que lograría el Resumen Supremo. O sea, sabía que había una audiencia. Pero no sabía la satisfacción que me brindaría escribir cada edición y recibir su feedback. Tampoco sabía que el proyecto me iba a permitir reconectar con amistades con quienes había perdido contacto. La experiencia personal tras bastidores ha sido fascinante. Y es por eso, sobre todo lo demás, que les expreso mi más sincero agradecimiento.

En términos concretos, en estos primeros cinco meses hemos publicados 22 ediciones, enviado sobre 6,000 emails, recibido sobre 2,000 visitas mensuales y mantenemos una tasa de apertura de emails (email open rate) de sobre 50%. Nuestra comunidad sobrepasa las 350 personas. Todo orgánico, y sin hacer bailes en Tik Tok o lives en Facebook. Yo no sé de mercadeo digital, pero a mí estos números me brindan motivación para continuar con el proyecto en 2022 (¿y tal vez abrir un Tik Tok? Veremos).

En fin. Gracias.

Antes de seguir con la lista, aprovecho para invitarles a suscribirse y a compartir el Resumen Supremo con sus amistades y colegas. ¿Qué otra publicación legal les invita a felicitarse frente a un espejo? Exacto.

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😡 Quejarse es fácil. Y el tiempo de pandemia ofrece una multitud de excusas sobre las cuales quejarse. Sin embargo, a diferencia del 2020, que comenzó con los terremotos y siguió con la pandemia, los toques de queda, las primarias de dos días, la caída del radiotelescopio de Arecibo y otros eventos de pérdida personal, el 2021 no ha estado taaan mal.

Por un momento parecía que habíamos rescatado un poco la normalidad. Volvimos a los estadios y coliseos. Volvimos a los cines, restaurantes, aeropuertos y lugares de trabajo. Nuestros hijos e hijas volvieron a clase presencial. Y aunque ahora parece que se saló un poco nuestra suerte con el nuevo repunte de positividad de COVID-19, parece que es solo una cuestión de tiempo el que recuperemos el terreno que habíamos ganado.

Trato de ser optimista. Como pueden ver, ni tan siquiera he mencionado la inflación rampante que ha aumentado los precios de todo lo que consumes o el patrón continuo de corrupción que desangra el dinero que pagas de impuestos. Pero es que me parece que no hay otra forma de enfrentar estos retos. Con optimismo y sociedad. Porque de estas cosas end-of-life-as-we-know-it salimos todas y todos juntos o quedará muy poco que salvar después.

🚀 Tenemos planes para el 2022. Estamos trabajando en una nueva página que haga más fácil navegar los artículos. También estamos preparando nuevas series para convertir al Resumen Supremo en una herramienta de trabajo. Si el tiempo lo permite, trataremos de desarrollar un podcast para que, además de leernos con el café, nos escuchen de camino a la oficina. Todo será posible gracias a su apoyo y al crecimiento que tengamos gracias a ustedes. Estamos motivados. Queremos convertir al Resumen Supremo en parte integral de la comunidad jurídica en Puerto Rico. Si quieren ver más del Resumen Supremo, compártelo a tus redes sociales.

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Además de crecer el Resumen Supremo, estamos explorando una publicación en inglés con historias sobre empresarismo boricua en Estados Unidos. Queremos conocer esos empresarios y empresarias, founders y otros entrepreneurs de origen puertorriqueño que hacen su camino en los diferentes hubs boricuas en Estados Unidos (NY, FL, CT, PA, TX, DC) y en los principales hubs de empresarismo en EE. UU. (Silicon Valley, NYC, Boston, Austin, LA, Seattle). Si conocen a estas personas, líderes y visionarias, agradeceremos que compartan este post con ellas y que las exhorten a comunicarse con nosotros a través de Facebook o LinkedIn (o, si lo tienen, pueden darles mi teléfono o email).

🤘 Para cerrar, los dejo con una cita y una canción para que reciban el 2022 con una sonrisa y mucha energía. Que disfruten la despedida de año y que tengan próspero Año Nuevo.

“Sometimes I forget that I’ve aged. My head and my heart seem to play this cruel trick on me, deceiving me with the false illusion of youth by greeting the world every day through the idealistic, mischievous eyes of a rebellious child finding happiness and appreciation in the most basic, simple things.” - Dave Grohl, The Storyteller: Tales of Life and Music 1 (1st ed. 2021).

Ahora sí. Eso es todo este año. ¡Gracias por leer el Resumen Supremo!

Suscríbete, comparte y dale like abajo.

Tomaremos un receso el próximo martes, 4 de enero de 2022, pero volvemos el 11 de enero de 2022 con la primera edición del 2022 del Resumen Supremo.

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¿Recuerdan que la semana pasada les pregunté por el concierto de Bad Bunny? Pues en el Resumen Supremo confiamos en que ustedes y sus personas allegadas están bien de salud y libres de Covid-19. Si no, les deseamos la más pronta recuperación. Además, les exhortamos a que ejerzan prudencia y razonabilidad en esta época navideña. Después de todo, su familia agradece más saber que están bien, que verles mal. Hasta ayer había un promedio de 686 casos nuevos diarios confirmados. La siguiente gráfica ilustra el crecimiento en los 30 días previos al 18 de diciembre.

Trivia:

En la película Home Alone, ¿a qué destino viajaba la familia McCallisters cuando se olvidaron de Kevin y lo dejaron solo en casa?

1. San Juan

2. Roma

3. Londres

4. Paris

Tras tres semanas de espera, el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) publicó 6 decisiones nuevas esta semana. Antes de sumergirnos en estas aguas, tomamos un momento para agradecer a quienes nos leen desde el comienzo, quienes se han unido en el camino y a las sobre 10 personas que se suscribieron en la última semana. Gracias a ustedes y por ustedes continuamos con el proyecto. Agradecemos que rieguen la voz, inviten a sus colegas y nos sigan leyendo.

Derecho de Empleo (Derecho Laboral)

La opinión de esta semana es Torres Rivera v. Econo Rial, Inc., 2021 TSPR 150. Otro caso de naturaleza laboral donde prevalece el patrono (sort of). Específicamente, el caso trata sobre el cómputo del back pay en sentencias por Ley 100 (discrimen en el empleo) y Ley 44 (discrimen por impedimentos).

Resumen ejecutivo: Una mayoría del TSPR concluye que (1) los tribunales deben descontar de la cantidad total de back pay todo ingreso recibido por la persona discriminada desde el despido ilegal hasta la sentencia y (2) que el descuento debe computarse antes de imponer la doble penalidad.

Hechos importantes: La demandante demostró que fue despedida por causa de su edad (Ley 100) y por razón de impedimento (Ley 44). El Tribunal de Primera Instancia (TPI) concluyó que la demandante dejó de devengar $100,456.00 por causa del despido discriminatorio. Sin embargo, también concluyó que, desde el despido hasta la sentencia, la demandante devengó las siguientes partidas de ingreso:

Ante este escenario, las opciones son sencillas. La primera opción descuenta los ingresos de otras fuentes de los salarios dejados de devengar y luego duplica el producto para llegar al back pay. La segunda opción descuenta los ingresos de otras fuentes de los salarios dejados de devengar duplicados para llegar al back pay. La siguiente tabla ilustra la diferencia:

Decisión del TSPR: La opción A.

El TSPR concluye que las leyes 100 y 44, sobre discrimen en el empleo y por impedimentos, respectivamente, son leyes con carácter reparador y no punitivo. Por lo tanto, la mayoría del TSPR concluye que descontar los ingresos de otras fuentes de los salarios dejados de devengar duplicados es punitivo y erróneo. Hay que hacer el descuento antes de duplicar los salarios dejados de devengar.

#REF!: Como nota curiosa, la mayoría del TSPR provee la siguiente “fórmula matemática” para ilustrar el cómputo: S – I = CT x 2. En este caso, “S” es salarios dejados de devengar, “I” es ingresos de otras fuentes y “CT” es la base de back pay sujeta a la doble penalidad (“x 2”). Sin embargo. S – I = CT x 2 parece ser más una ecuación que una “fórmula matemática”. Y como ecuación no parece ser del todo certera. Esto, pues, el salario dejado de devengar menos los ingresos de otras fuentes no es igual al doble del back pay. La fórmula correcta debió ser: CT = 2 (S - I). Acepto que cualquier persona que sepa más de álgebra me corrobore o corrija.

Disidentes:

Jueces Asociados Colón Pérez y Estrella Martínez: Aunque disintieron por separado, tienen sus espíritus en el mismo lugar:

1. Que no todo ingreso recibido de otras fuentes debe descontarse de los salarios dejados de devengar tras el despido ilegal.

2. Que los beneficios, tales como el seguro de desempleo o seguro social, no deben considerarse ingresos de otras fuentes (excluyendo al juez asociado Colón Pérez, quien no se expresó sobre este punto).

3. Que los ingresos de otras fuentes deben descontarse, en todo caso, después de imponer la doble penalidad (Opción B arriba).

Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez: La Jueza Presidenta concurre en que el descuento debe ocurrir antes de imponer la doble penalidad, pero para evitar doble compensación, y no por entender que las leyes 100 y 44 son reparadoras y no punitivas. La Chief Justice solo disiente en que los beneficios sociales (desempleo) no deben descontarse.

Food for thought: En los tiempos de PUA y cheques de estímulos económicos (¿se acuerdan de eso?), es posible que los beneficios sociales excedan las sumas dejadas de devengar tras un despido discriminatorio. Entonces, ¿cuál será la responsabilidad de los patronos que actúen ilegalmente tras los aumentos recientes en beneficios sociales legislados por otras razones?

Conducta Profesional y Reinstalaciones

En In re: Oscar J. Santamaría Torres, 2021 TSPR 154, el TSPR suspendió inmediata e indefinidamente al Sr. Oscar J. Santamaría Torres de la abogacía y la notaría. Esto, tras haber éste suscrito un acuerdo con fiscalía federal para declararse culpable por los delitos de conspiración, soborno y malversación (kickbacks) de fondos federales. Este es el caso de sobornos municipales en contrataciones de servicios de recogido de basura y asfalto. El de la foto del ex-alcalde de Guaynabo con el sobre de (alegadamente) dinero en la mano. A manera de repaso, aunque sé que lo saben, “toda conducta delictiva de un miembro de la profesión que evidencie su quebrantamiento moral, aun cuando no sea producto o en conexión con el ejercicio de su profesión es motivo para desaforarlo o suspenderlo”. Id. en la pág. *4.

Sin embargo, aunque suena severa y duradera, la suspensión indefinida puede ser bastante breve. En In re: Luis M. Pavía Vidal II, 2021 TSPR 152, con fecha de 24 de noviembre de 2021, el TSPR reinstaló al letrado al ejercicio de la abogacía y la notaría (sujeto a prestación de fianza) tras haber sido separado indefinidamente el 9 del mismo mes y año. Es decir, el colega fue separado indefinidamente de la profesión por un total combinado de 15 días. La nueva decisión no provee contexto ni explica las razones. Sin embargo, nos place saber e informar cada caso que demuestra que hay luz tras aparentemente incumplir con los requerimientos del Programa de Educación Jurídica Continua y con las órdenes del TSPR. Enhorabuena para el colega.

Otras reinstalaciones esta semana incluyen In re: Javier Pérez Rojas e In re: José R. Laureano Cintrón, 2021 TSPR 151 y 153, respectivamente. En el primer caso, se reinstaló al colega a la notaría sujeto a la prestación de una fianza notarial. En el segundo, el TSPR reinstaló al letrado como abogado activo. Enhorabuena por ambos.

Avisos

El TSPR publicó una Resolución mediante la cual la Jueza Presidenta ordenó un receso administrativo en el Programa de Educación Jurídica Continua desde el jueves 23 de diciembre de 2021, hasta el viernes 7 de enero de 2022. A su vez, los términos que venzan durante el receso se extendieron hasta el viernes 28 de enero de 2022. Pero, ojo y mucho cuidado, esta extensión no aplica a las fechas límites para cumplir con los créditos de educación jurídica continua que venzan durante el receso.

Shameless plug: Me place informar que este servidor reabrió ayer su oficina de servicios legales, Núñez González LLC. Pueden leer más sobre este proyecto en mi website: www.nunezgonzalez.com.

Respuesta a la Trivia:

Casi se me olvida. La respuesta es la número 4: Paris. “So, as a Christmas present, my husband's brother gave us all a trip to Paris. So we can all be together for the holidays.”

Antes de cerrar, quiero reiterarles mi más sincero agradecimiento por seguirme estos últimos 5 meses. Deseo que estas fiestas navideñas sean de mucha alegría y felicidad. Coman mucho y tomen con moderación. Abrácense y desen cariño con prudencia.

Ahora sí. Eso es todo esta semana. ¡Gracias por leer el Resumen Supremo!

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Espera el próximo Resumen Supremo, el último del año, este martes, 28 de diciembre de 2021.

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Update TSPR

Parece que ya estamos en época lenta a nivel de decisiones nuevas del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR). El TSPR no publicó nuevas decisiones por tercera semana consecutiva. Agradecemos que nos sigan leyendo, aunque falte el pie forzado de las decisiones del TSPR. En el Resumen Supremo tratamos de brindarles valor… así sea con videos de reggaeton viejo en Navidad.

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Primer Circuito: Doctrina Erie

Por sugerencia de un amigo y colega, hoy resumimos la breve opinión del Tribunal de Apelaciones federal para el Primer Circuito en Boston, Massachusetts (“Primer Circuito”) en Torres-Ronda v. Nationwide Mutual Ins. Co., No. 20-1038. La decisión es de 17 de noviembre de 2021, por lo que es suficientemente reciente para el Resumen Supremo.

El caso trata sobre un pleito de clase presentado en contra de varias aseguradoras bajo la ley federal contra el crimen organizado, mejor conocida como la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). No, no es tan jugoso como suena.

Trasfondo del caso: Hay que entenderlo para entender el caso

Los demandantes reclamaron que las aseguradoras incurrieron en un patrón de fraude por correo al no reembolsar ciertas primas pagadas por concepto del seguro compulsorio que requiere la ley de Puerto Rico. La principal defensa de las aseguradoras fue que la ley en Puerto Rico no les exigía reembolsar primas. Eso es straightforward.

Pues pasó que, en el transcurso del pleito federal, un panel del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico decidió que las primas pagadas por concepto de seguro compulsorio no son reembolsables. Un tiempo después, algunos demandados solicitaron al Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico que desestimara el caso. Argumentaron que bajo la doctrina en Erie R.R. Co. v. Tompkins, 304 U.S. 64 (1938) (“doctrina Erie”, sigue leyendo para el repaso) procedía concluir que no puede haber fraude por no haber reembolsado primas cuando la propia ley prohibía dicho reembolso. Es decir, no puede haber fraude si la ley te exige que lleves a cabo la acción por la cual se te imputa el presunto fraude.

¿Cuál es la controversia entonces? Según la doctrina Erie, los tribunales federales aplican la ley estatal según ha sido aplicada por el máximo foro estatal. En este caso, aplicaron la ley estatal, pero según fue aplicada por un tribunal intermedio: el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Los demandantes apelaron la decisión de aplicar en los tribunales federales una decisión del Tribunal de Apelaciones.

¿Qué decide el caso? Ni pool, ni banca. Los tribunales federales pueden aplicar la interpretación de un panel del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico bajo la doctrina Erie. Solo se requiere que no haya una expresión del TSPR sobre el mismo asunto y que no exista evidencia convincente de que el TSPR decidiría el asunto de otra forma.

Balance: Como sugiere el amigo y colega que me señaló la opinión, Torres-Ronda parece dar más peso a las opiniones del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Ahora los y las litigantes ante el Tribunal Federal contarán con más acervo del cual hilvanar argumentos en casos por diversidad de ciudadanía y otros que interpreten asuntos de derecho puertorriqueño. También puede tener el efecto de reducir el número de certificaciones interjurisdiccionales.

Oreja adicional: La opinión concluye enfatizando que los tribunales de distrito cuentan con amplia discreción para administrar sus casos. Los demandantes también apelaron que el Tribunal Federal no decidió una moción de aprobación de transacción previo a desestimar el caso. Tough luck.

Copy/Paste: Si necesitan una nueva cita sobre la discreción de administrar el docket, aquí la tienen:

"District courts have broad discretion in controlling their dockets." Torres-Ronda v. Nationwide Mutual Ins. Co., Nos. 20-1038, 20-1089, slip op. at *9, (1st Cir. Nov. 17, 2021) (citing United States v. Correia, 531 F.2d 1095, 1098 (1st Cir. 1976) ("It is axiomatic that the district court has inherent power to control its own docket to ensure that cases proceed before it in a timely and orderly fashion.").

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Espera el próximo Resumen Supremo este martes, 21 de diciembre de 2021.

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Como es usual, tomamos un momento de este lindo día para recordarles la importancia de suscribirse, compartir y dar like al Resumen Supremo. Leernos serán los 5 minutos más productivos de toda tu semana. El Resumen educa, actualiza y entretiene. Es casi como ver a Pacheco en Contra el Reloj, pero para abogadas y abogados, y fiebrús y fiebrúas en general.

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Tribunal Supremo de Puerto Rico

El Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) no publicó decisiones nuevas la semana pasada. Esto quiere decir que las más recientes fueron las que discutieron servidumbres en equidad y el pacto de arbitraje en el empleo. Puedes leer el Resumen Supremo de estas opiniones en el enlace abajo. ¿Publicarán opiniones nuevas antes del fin de año? Para referencia, el año pasado publicaron 159 decisiones; mientras que este año van por 149.

Primer Circuito

Como no hay decisiones nuevas del TSPR, y como los Patriots siguen primeros en el AFC East, y como las Navidades en Boston son de lo más bonitas, aprovecharemos para resumir dos opiniones recientes publicadas por el Tribunal de Apelaciones federal para el Primer Circuito en Boston, Massachusetts (“Primer Circuito”), procedentes del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (“Tribunal Federal”).

Derecho Penal y Procesal Penal

La primera es U.S. v. Florentino-Rosario, No. 20-2004. Aquí, el Primer Circuito validó una sentencia procedente de la sala del Honorable Juez de Distrito Francisco A. Besosa con respecto instrucciones al jurado y las defensas de coacción en un caso criminal sobre reentrada ilegal a los Estados Unidos (volver a entrar a Estados Unidos tras haberse impuesto una prohibición de entrar, como puede ocurrir tras una primera deportación).

Primer argumento: El acusado argumentó que debió haberse dado cierta instrucción al jurado en torno al elemento de intención específica del delito de reentrada ilegal a los Estados Unidos. Sin embargo, el Primer Circuito rechazó el argumento al concluir que el delito de reentrada ilegal no requiere intención específica.

En palabras normales: El argumento del acusado es que aunque sabía que volver a entrar a Estados Unidos sería ilegal, lo hizo para proteger su vida y no con una intención particular de violar la ley. Sin embargo, el Primer Circuito concluyó que el delito de reentrada ilegal se cumple con tan solo haber querido reentrar a Estados Unidos, aun si no se sabía que reentrar era ilegal. Es decir, se cumple hasta actuando de forma temeraria.

En palabras de abogada y abogado: Los elementos subjetivos del delito de reentrada ilegal a los Estados Unidos son los elementos de intención criminal ordinarios (dolo directo de primer y segundo grado, y dolo eventual). Es decir, el delito de reentrada ilegal no requiere probar subjetividad más allá del dolo, como el elemento de la premeditación del asesinato en primer grado.

Estándar aplicable: Para decidir, el Primer Circuito se basó en que para dejar sin efecto la denegatoria de una instrucción al jurado, la instrucción rechazada debe ser: (1) correcta en derecho, (2) no sustancialmente incorporada al cargo, y (3) integral a un punto importante del caso. En este caso, el acusado falló en los tres turnos.

Segundo argumento: El acusado también argumentó que debieron instruir al jurado en cuanto a una defensa de coacción. Señaló que la razón por la que tuvo que volver a entrar ilegalmente a los Estados Unidos fue porque temía por su vida. El Primer Circuito rechazó el argumento y validó el ejercicio de discreción del Tribunal Federal.

Defensa de coacción: A nivel federal, la defensa afirmativa de coacción requiere prueba de que el acusado cometió el delito imputado: (1) por causa de una amenaza inmediata de daño físico serio o muerte, (2) que el acusado razonablemente creía que era cierta, y (3) sin una oportunidad razonable de escapar o frustrar la amenaza.

Holdings: El Primer Circuito concluyó que no se cumplieron los elementos 1 y 3 de la defensa:

1. Pasó más de un mes entre las amenazas de muerte y la reentrada ilegal, por lo que no era una amenaza inmediata.

2. No demostró que mudarse de región dentro de su país o emigrar legalmente a otro país no eran alternativas a reentrar ilegalmente a los Estados Unidos, por lo que no demostró la ausencia de oportunidades para escapar del peligro legalmente.

Acción Estatal y Actores Privados

El segundo caso es Cruz-Arce v. Mgmt. Admin. Services Corp., No. 20-1509. En Cruz-Arce, el Primer Circuito concluye que la vivienda accesible y de bajo costo (vivienda pública) no es un servicio que, por tradición, es exclusivamente reservado al gobierno.

Controversia: Si un contratista del gobierno de Puerto Rico que administra residenciales públicos en Puerto Rico se puede considerar un “actor estatal” en el contexto de una demanda por violación de derechos civiles bajo la Sección 1983 del Título 42 del Código de Estados Unidos.

Holding: No, bajo la teoría de función pública. El Primer Circuito razonó que un actor privado solo se considerará un actor estatal cuando se trate de áreas históricamente reservadas al gobierno, tales como la administración de elecciones y los servicios de salud en instituciones correccionales, entre otros servicios en contextos muy limitados.

Actor privado como actor estatal: Esto puede ocurrir en tres instancias, y solo tras un análisis de hechos riguroso y guiado por el contexto específico de cada caso. Las instancias son:

1. Cuando el actor privado asume una función pública que, por tradición, es exclusivamente reservada al gobierno (función pública);

2. Cuando el actor privado es coaccionado o suficientemente obligado por el gobierno (obligación estatal); o

3. Cuando un actor privado y el gobierno mantienen una relación tan simbiótica que se han convertido en coparticipantes de la conducta en disputa (nexo o acción conjunta).

Lo que no decide el caso: La decisión deja abierta la puerta para argumentar que un administrador privado de vivienda pública puede considerarse un “actor estatal” bajo las teorías 2 y 3 arribe descritas.

Ñapa: Forum Non Conveniens

La ñapa es por falta de tiempo. Aunque no tuvimos el tiempo de resumir la opinión como tal (tl;dr), sentimos la responsabilidad de informar que el Primer Circuito publicó una opinión donde revocó al Tribunal de Distrito para el Distrito de Massachusetts para dejar sin efecto una desestimación efectuada bajo la doctrina de forum non conveniens. La opinión se titula Curtis v. Galakatos, No. 20-1846. Si tienen un caso pendiente relacionado a esta doctrina, pueden acceder esta opinión y lucir súper al día ante sus clientes y el tribunal.

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Espera el próximo Resumen Supremo este martes, 14 de diciembre de 2021.

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En el 2012, surge la idea de Giving Tuesday en NYC. La idea tiene un propósito sencillo: motivar a las personas a hacer el bien. Ahora, Giving Tuesday es una entidad sin fines de lucro y un movimiento global que inspira a las personas a dar, colaborar y celebrar la generosidad. Obviamente, se inspira como una forma alternativa de gastar tu dinero tras lo que suele ser todo un fin de semana y lunes de compras navideñas (desde Black Friday hasta Cyber Monday). 

Como saben, las entidades sin fines de lucro abarcan espacios tradicionalmente desocupados por entes gubernamentales y privados. Es decir, suplen necesidades que no son suficientemente rentables para la actividad privada y que el gobierno desatiende por múltiples razones. Estos vacíos suelen perpetuar desigualdades y rezagos que afectan a toda la sociedad. Los efectos nocivos causados por la ampliación de estas necesidades sociales se ven reflejadas en las diferentes manifestaciones de la desigualdad, tales como la económica y por razón sexo, género, raza, orientación sexual, impedimentos, edad, y origen social y nacional. 

En otras palabras, las entidades sin fines de lucro, por lo general, sirven el propósito fundamental de asegurar el sentido mismo de libertad que gozamos como individuos. Sin la labor que realizan estas entidades, nuestra sociedad poco a poco se deterioraría al punto de que no sería posible hablar de una sociedad verdaderamente libre.

Y es que la libertad no debe limitarse a la autoridad que poseemos las personas con recursos de disponer de ellos de la forma que mejor le parezca a nuestras voluntades. Esta visión de la libertad haría de la desigualdad un mal ineludible y permanente. 

En cambio, una noción de la libertad más satisfactoria (que es, en mi opinión, a la que se supone que aspiramos) es aquella que se ocupa porque las personas vivan sin temor a vivir la vida según les toca vivirla. Es decir, sin temor a perder un trabajo. Sin temor a sufrir un gasto médico mayor. Sin temor a ser de un barrio o de una familia pobre. Sin temor a vivir marginado o marginada como inmigrante. Sin temor a caminar sola en la noche por ser mujer. O a sufrir discrimen por ser LGBTTQI, negro o negra, persona con impedimentos, o anciano o anciana. Las entidades sin fines de lucro, en general, procuran asegurar que los cimientos de la sociedad presuntamente libre en la que vivimos no se debiliten por la profundidad de sus grietas. 

Es por esta razón que, en mi opinión, es indispensable donar tiempo, conocimiento y recursos al tercer sector. Estos esfuerzos y estas entidades no solo preservan nuestro sentido de libertad, sino que también forjan comunidad y actividad económica. Al 2014, las entidades sin fines de lucro en Puerto Rico mantenían una nómina estimada en exceso de $2,190 millones de dólares anuales. Igualmente se estimaron sobre 150,000 empleos relacionados. 

Es por estas razones que en esta edición del Resumen Supremo les exhorto a donar tiempo, conocimiento o recursos a la entidad sin fines de lucro de su preferencia. Mientras, les ofrezco 5 alternativas para que las consideren en esta ocasión:

1. Hospital del Niño de Puerto Rico (Sociedad Pro Hospital del Niño)

La labor que hace el Hospital del Niño es maravillosa. Son la única Casa de Salud y de Rehabilitación Pediátrica en Puerto Rico que brinda servicios de estadía prolongada y convalecencia a pacientes de 0 a 21 años, de escasos recursos económicos, referidos y bajo la custodia del Departamento de la Familia. Con sede en la ciudad de Guaynabo, Puerto Rico, administran otros dos programas importantes: (1) servicios de terapia ambulatoria a sobre 3,000 niños y niñas alrededor de toda la Isla y (2) un centro preescolar académico-terapéutico intensivo llamado Centro de Aprendizaje del Niño (CAN) para estudiantes de entre 2-5 años y cuyo objetivo es prepararles para que se integren en la corriente regular de enseñanza. Si quieres donar, puedes hacerlo aquí.

2. Mentes Puertorriqueñas en Acción

El trabajo de Mentes Puertorriqueñas en Acción (MPA) es transformador. A través de varios programas que administran, MPA entrena, desarrolla y expone a jóvenes de Puerto Rico a convertirse en agentes de cambio social. MPA forja alianzas que le permiten administrar programas de internados de verano y pasantías anuales. Estos programas les preparan en las áreas de desarrollo de capacidades, recaudación de fondos, comunicaciones, liderazgo y conciencia social. MPA ofrece otros programas de activación cívica para la población universitaria y jóvenes para poder ayudarlos insertarse en iniciativas sociales. Si quieres donar, puedes hacerlo aquí.

3. Ayuda Legal PR

Recientemente cubrimos el premio que recibió Ayuda Legal PR de la empresa Clio, en reconocimiento de su innovación en el ofrecimiento de servicios legales. El objetivo de Ayuda Legal PR es proveer educación y apoyo legal gratuito y accesible a personas y comunidades de bajos y medianos recursos. La entidad logra su objetivo al promover la colaboración entre entidades de la comunidad de acceso a la justicia, la educación legal gratuita y accesible, la capacitación de representantes legales y estudiantes, el apoyo legal y el ejercicio de esfuerzos de abogacía comunitaria. Si quieres donar, puedes hacerlo aquí. También mantienen una campaña en Instagram que puedes apoyar aquí.

4. Caras con Causa

El trabajo de Caras con Causa Puerto Rico es inspirador. Caras con Causa impulsa el desarrollo comunitario para erradicar la pobreza a través de la educación, ecología y el desarrollo económico junto a comunidades de Cataño y Guaynabo, Puerto Rico. Se enfocan en cuatro áreas programáticas: ecología, economía, educación y comunidad. En el ámbito de educación, Caras con Causa administra el Programa Estudia y Crece, que son centros de horario extendido que impactan a estudiantes de escasos recursos en los grados K-6 de lunes a viernes. Ofrecen tutorías, actividades extracurriculares, deportivas y de servicio a la comunidad, y programas de salud emocional que fomentan la autoestima, la resiliencia y una conciencia colectiva. Según su website, mantienen centros en Vietnam, Guaynabo, y Puente Blanco, Cataño, los cuales continuaron operando durante toda la pandemia. Si quieres donar, puedes hacerlo aquí.

5. Capital Mujer

El proyecto de Capital Mujer es innovador. Ellas son una entidad feminista y sin fines de lucro que lucha para cerrar la brecha en el acceso a capital que sufren las mujeres. Ellas definen “capital” de manera amplia para incluir dinero, apoyo comunitario e información. Administran tres programas principales que ayudan a la mujer a crecer como empresaria: (1) programa de mentoría, (2) fondo de inversión, y (3) espacio seguro de co-trabajo. Para aprender más acerca de este proyecto y modos de ofrecer tu apoyo, siguelas en su página de Facebook e Instagram.

Para cerrar esta edición especial, agradezco su atención y apoyo. Sé que es una edición poco usual y más personal que lo que regularmente publico. Pero si la idea es crear una comunidad con ustedes, es natural y necesario sincerarse de vez en cuando.

Les invito a comentar abajo y dejar un link a cualquier entidad sin fines de lucro que quieran apoyar que no haya mencionado. Procuraré re-publicar cada entidad en la próxima edición del Resumen Supremo.

Si quieres leer más de nuestro contenido usual, visita nuestra página en el link abajo. Recuerda que puedes hacer búsquedas en todo nuestro contenido, si necesitas repasar algún resumen reciente como parte de tu trabajo.

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Espera el próximo Resumen Supremo este martes, 7 de diciembre de 2021.

A quienes no pasaron alguno de sus exámenes: no se desalienten. La reválida es, en parte, un ejercicio de perseverancia. Y quien persevera, triunfa. Pa’lante.

Recuerden suscribirse y compartir el Resumen Supremo. Lo preparamos con mucho cariño. Sabemos que lo saben, pero es importante decirse las cosas antes de perder la oportunidad. Gracias.

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Trivia:

¿Quién fue el primer presidente en indultar un pavo?

1. John F. Kennedy

2. Franklin D. Roosevelt

3. Thomas Jefferson

4. George H. W. Bush

Sigue leyendo para la respuesta.

Arbitraje Patronal; Obligaciones y Contratos

El principal caso de esta semana fue Aponte Valentín y otros v. Pfizer Pharma, 2021 TSPR 148. En este caso, Pfizer logró vacunar a sus empleados y empleadas con un pacto de arbitraje que efectivamente la inmunizó de todo proceso judicial o acción de clase que sus empleados o empleadas pudieran presentar en su contra.

Holding High Level: La mayoría del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR), por voz del juez asociado Roberto Filiberti Cintrón, concluyó que la mera permanencia en el empleo (no renunciar) es suficiente evidencia para concluir que existió consentimiento tácito a un acuerdo de arbitraje notificado por el patrono mediante email.

Hechos (breve): Pfizer adoptó un programa de arbitraje obligatorio para sus empleados y empleadas. Pfizer notificó este programa mediante email a sus empleados y empleadas. Pfizer indicó que, si los empleados o empleadas continuaban trabajando después de 60 días desde el envío del aviso, la no renuncia (mera permanencia) en el empleo se tomaría como aceptación del acuerdo.

Pfizer luego trasladó de compañía a un grupo de personas. Las personas trasladadas reclamaron que el traslado fue un despido y presentaron un reclamo judicial. Pfizer combatió el virus de los casos judiciales mediante una moción de falta de jurisdicción basada en la existencia de un acuerdo de arbitraje. ¡Voila! Este es el caso.

Fundamentos: La mayoría primero se basó en que los acuerdos de arbitraje, aunque tienen que constar por escrito, no requieren una firma. ¿Ustedes saben cada vez que reciben un aviso por email de Netflix o alguna otra compañía de Silicon Valley notificándoles los nuevos “términos y condiciones” y que sin falla incluyen una cláusula de arbitraje? Pues igual que su SaaS favorito, ahora tu patrono puede hacerte exactamente lo mismo. NO tienes que firmar. Solo tienes que seguir viendo tus series favoritas (o asistiendo a reuniones por Zoom).

Más importante, la mayoría concluyó que no renunciar es suficiente para concluir que un empleado aceptó el acuerdo. Para fundamentar esta conclusión, la mayoría se amparó en la doctrina de los actos propios. Es decir, ¿cómo va a ser que no aceptaste esta nueva condición si no decidiste renunciar y rehacer tu vida laboral en los 60 días que te dieron? ¿30 eran suficiente? ¿Dos semanas?

La mayoría también razonó que los arbitrajes no implican la pérdida de derechos sustantivos. Sin embargo, la mayoría no abordó que las reglas procesales en los arbitrajes son distintas a las judiciales. Por ejemplo, el cambio afecta el descubrimiento de prueba y los costos del litigio. Además, es probable que los remedios de procedimiento sumario bajo Ley 2 también se pierdan en el arbitraje.

Estos asuntos y otros los aborda la disidente del juez asociado Luis Estrella Martínez.

Beneficios pasivos: ¿Ustedes conocen los requisitos de vacunación en el empleo? ¿Dónde los patronos tienen que tomar el acto afirmativo de despedir a un empleado o empleada que decide no presentar evidencia de vacunación? Pues este caso es diferente porque, casualmente, Pfizer no tuvo que tomar acción afirmativa con los empleados o empleadas que rechazaran el pacto de arbitraje. El pacto de arbitraje se envía por email; no requiere vacuna. ¿Sería distinto el resultado o el análisis del caso si la pregunta fuera: bajo la Ley 80, ¿es justa causa para el despido que un empleado o empleada rechace aceptar un acuerdo de arbitraje laboral retroactivo?

Contexto más amplio: ¿Recuerdan el caso Arthur Young? ¿El de los acuerdos de no competencia en el empleo? En ese caso se establece que los contratos de no competencia requieren una “contraprestación” para su validez. El caso expresamente dice:

“Esta contraprestación puede consistir, por ejemplo, en la obtención de un ascenso, de beneficios adicionales en el trabajo o del disfrute de cambios sustanciales de similar naturaleza en las condiciones de empleo. Incluso sería contraprestación suficiente que un candidato obtenga el empleo deseado en la empresa. Sin embargo, no se admitirá como causa del acuerdo de no competencia la mera permanencia en el empleo”. Arthur Young Co. v. Vega III, 136 DPR 157, 176 (1994).

¿Se dejó esto sin efecto? Estará por verse. Pendiente a sus emails.

Derechos Reales

La segunda opinión de esta edición es Fernández Martínez y otros v. Rad-Man San Juan III-D, LLC, 2021 TSPR 149. El caso trata sobre el futuro de la prestigiosa urbanización Santa María en Río Piedras, San Juan.

Resumen Ejecutivo: El TSPR concluyó que en la urbanización Santa María no se han modificado o extinguido las condiciones restrictivas que exigen que las viviendas en Santa María sean residenciales y unifamiliares.

Controversia: Si se iba a permitir que Santa María se convirtiera en Baldrich, Cupey o Puerto Nuevo.

Es broma. La controversia fue si el demandado podía operar una propiedad multifamiliar con alquileres a largo plazo dentro de Santa María, o si dicha práctica estaba vedada por las condiciones restrictivas. El TSPR validó las condiciones y reiteró el interdicto permanente en contra del demandado.

Análisis: Para validar las servidumbres en equidad en Santa María, el TSPR concluyó que el demandado no estableció el abandono de las condiciones o cambios radicales en el vecindario. Interesante en este caso fue que el TSPR enfatizó que la extinción por abandono está ligada a los cambios radicales en el vecindario. Es decir, el abandono parece exigir demostrar que fue por causa de que las condiciones ya no tienen razón de ser debido a los cambios radicales.

¿Por qué este caso llegó al TSPR?

Esta fue la pregunta que me surgió mientras leía. A juzgar por la óptica y los hechos, no parecía haber duda de que prevalecería la servidumbre. Es decir, el demandado parece haberse limitado a argumentar que los cambios que fundamentan extinguir las condiciones restrictivas en Santa María fueron: 1) la presencia de tres casas con altura mayor a dos y medio pisos; y 2) la existencia de locales comerciales en las áreas circundantes. Ambos argumentos debieron parecer insuficientes a la luz del derecho y de la naturaleza de la urbanización en juego. ¿Entonces?

Pues el Tribunal de Apelaciones (TA) parece haber fallado a favor del demandado sobre lo que el TSPR concluyó fueron falsas controversias de hecho que realmente eran controversias de derecho. Por esto es que el caso llegó al TSPR.

Perspectiva práctica: Es decir, este caso no solo sirve para atender el esporádico caso de derechos reales o para hacer preguntas de reválida. No. Este caso sirve para ilustrar sobre lo que son controversias de hecho y lo que son controversias de derecho. Así que a pensarlo dos veces la próxima vez que, en tu parte del informe de conferencia con antelación al juicio, te veas tentado o tentada a poner como controversias de hecho: “si la parte demandada fue negligente” o “si la parte demandante carece de una causa de acción que le conceda derecho a un remedio”. Vence la tentación.

TL;DR (too long; didn’t read): El caso cuenta con 42 páginas. Resume las normas relacionadas a las servidumbres en equidad, mociones de sentencia sumaria y la deferencia a las determinaciones de hecho del Tribunal de Primera Instancia. Un poco largo, si soy honesto. Pero si les interesa el tema o si viven en Santa María, tal vez es bueno que lo lean.

Conducta Profesional

La tercera opinión de esta semana es In re: Luis M. Pavía Vidal, 2021 TSPR 147. El TSPR desaforó permanentemente al compañero por incumplir con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) y con varias órdenes del Máximo Foro.

Aprovechen en esta semana y compren créditos de educación jurídica continua con alguna oferta de Viernes Negro. No les voy a decir cuál. Pero si algún proveedor quiere anunciarse aquí, en confianza…

Reinstalaciones (long format)

La última decisión esta semana es In re: Carlos Carrasquillo Bermúdez, 2021 TSPR 146. El TSPR reinstaló esta semana al colega en la práctica de la notaría. ¡Enhorabuena! La saga del compañero comenzó con su separación de tres meses de la abogacía y la notaría el 23 de enero de 2020 en 2020 TSPR 12. Fue reinstalado en la abogacía el 15 de julio de 2020 (2020 TSPR 55) y ahora en la notaría. Le deseamos éxito.

Respuesta a la Trivia:

La respuesta correcta es la número 1.

El primer presidente en indultar un pavo fue John F. Kennedy. El presidente Franklin D. Roosevelt fue quien declaró el cuarto jueves de noviembre como el día oficial de acción de gracias. En cambio, Thomas Jefferson fue el presidente que rechazó conmemorar el día acción de gracias. Y George H. W. Bush fue el presidente que convirtió el indulto del pavo en un evento anual. No. No sé todas estas cosas de memoria. Solo las busco en Google.

Dejando las bromas por un momento, les deseamos un feliz día de acción de gracias. Esperamos que tengan la oportunidad de disfrutarlo junto a sus familias y amigos. Coman mucho, rían más y recuerden que mañana no es garantizado.

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Espera el próximo Resumen Supremo este martes, 30 de noviembre de 2021.

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Trivia:

¿Cuál fue el passing rate más reciente en la reválida general del estado de Nueva York?

1. 84%

2. 89%

3. 63%

4. 44%

Sigue leyendo para la respuesta. (No hagan trampa. No vayan a Google).

Como siempre, gracias a los nuevos y nuevas suscriptoras que semanalmente se nos unen. Sabemos que pasa gracias a cada like, suscribe y share que dan a nuestro proyecto.

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Otras noticias

Cuando nos pasa que el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) no publica formalmente sus nuevas decisiones, en ocasiones hemos optado por resumir decisiones del Primer Circuito, organizar algunas estadísticas mensuales del TSPR y discutir opiniones previas al comienzo de este proyecto (como hicimos en Verano de Oro y 120 días).

Sin embargo, esta ocasión la tomaremos a modo de coffee break y aprovecharemos el receso para compartir con ustedes algunos proyectos de naturaleza legal que nos parecen no solo interesantes, sino importantes para la práctica legal de cara al futuro. ¿Les interesa? Pues vamos.

No. El primer proyecto no es cómo se litigará en el metaverso. Aunque si les interesa, estoy disponible para lanzar un tribunal de arbitraje comercial en realidad virtual.

El primer proyecto es Apothio Initial Litigation Offering o ILO. Tal vez conocen el concepto de financiamiento de litigios. Donde una entidad, tercero a la relación abogado-cliente, financia los gastos y honorarios legales de una parte demandante a cambio de una porción del dinero que se obtenga por transacción o sentencia.

Pues en el ILO, de conformidad con la reglamentación del Securities and Exchange Commission que permite levantar hasta $5 millones de dólares anuales de inversionistas no acreditados, conocida como Regulation Crowdfunding, el bufete y una plataforma digital autorizada a levantar capital mediante Regulation Crowdfunding, usando el blockchain, titulan (“securitize”) el pleito para básicamente convertirlo en un valor mercadeable. En esencia, venden pedazos pequeños del derecho a cobrar de la eventual transacción o sentencia a cambio del capital necesario para financiar el pleito. Ingenioso, ¿no?

El segundo proyecto es en campo de la educación jurídica continua. Hasta diciembre 2020, los estados de California, Illinois, Maine, Minnesota, Missouri, New York, Oregon y Colorado habían implementado requisitos de tomar cursos de educación jurídica continua en el campo de diversidad, equidad e inclusión (DEI). Esta tendencia persigue preparar a la comunidad legal para enfrentar los obvios retos sociales que nos afectan en este nuevo siglo. Tensiones raciales, económicas, religiosas y políticas nos dividen cada vez más. Pues los Máximos Foros de estos estados se han dado la tarea de usar su poder para reglamentar la profesión para forjar ese cambio social del que se dice somos agentes. ¿Qué les parece? Pueden leer más al respecto en la página de recursos en DEI de la American Bar Association. ¿Qué creen de un requisito similar en Puerto Rico? ¿Qué chances tiene de aprobación? Deja un comentario abajo.

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Innovación Legal

En una noticia relacionada, aprovechamos para felicitar a Ayuda Legal Puerto Rico y a nuestra colega, la Lcda. Ariadna Godreau, quienes ganaron un 2021 Reisman Award otorgado por la compañía Clio en la categoría de innovación legal.

Los Reisman Awards se conceden a oficinas legales que ofrecen servicios innovadores y de excelencia. Estamos contentos por la colega y le auguramos mucho éxito a su proyecto. Pueden leer más sobre Ayuda Legal PR en su página, apoyarles con una donación y conocer más sobre el premio en el siguiente video.

Respuesta a la Trivia:

La respuesta es la número 3. El passing rate más reciente en la reválida general del estado de Nueva York fue de 63%. Este passing rate es bajo comparado con el 84% de pases para octubre de 2020. Pero algunos creen que no es tan grave ya que el por ciento reciente compara con reválidas pre-Covid-19. ¿Qué crees que piensen cuando sepan de nuestros 30%-40%? Puedes leer más aquí.

Hasta aquí nos dio hoy la gasolina. Esperamos que el hiato en publicación de nuevas decisiones del TSPR sea solo transitorio. Pero verdaderamente transitorio. No como la inflación transitoria de la Reserva Federal. Aunque sabemos que en el Estado, Libre y Asociado de Puerto Rico nos encantan los eufemismos, deben saber que el índice de precios al consumidor en EE.UU. aumentó 6.2% para octubre 2021 en comparación con el año pasado y en Puerto Rico aumentó 3.5% para septiembre de 2021 en comparación con el año pasado. Eso, junto con los precios de la gasolina, provocan que esta noche apague la luz y el aire acondicionado un poco más temprano que otros lunes.

Espera el próximo Resumen Supremo el martes, 23 de noviembre de 2021: ¡Edición Thanksgiving! ¡Gobble, Gobble!

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Trivia:

¿En qué año se estableció la colonia de monos macaco Rhesus en el Cayo Santiago en Humacao, Puerto Rico? Sigue leyendo para la respuesta.

No hay updates del TSPR

Esta publicación resume las decisiones semanales del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR). Sin embargo, para la semana del 1 al 5 de noviembre, el TSPR no publicó nuevas decisiones. Lee lo más reciente del TSPR en nuestra última edición:

United States v. Vaello-Madero, 20-303

Como anticipamos la semana pasada, hoy a las 11:00am (AST, porque si digo “hora puertorriqueña” va y llegamos tarde) comienza la argumentación oral en el caso United States v. Vaello-Madero (20-303), ante la consideración del Tribunal Supremo federal. Puedes conectarte en directo a la argumentación oral en el siguiente enlace: Live Oral Argument Audio (supremecourt.gov).

Este caso es muy importante para Puerto Rico. De sostenerse la decisión del Primer Circuito, miles de personas pobres en Puerto Rico recibirán asistencia adicional directa. En la vida real se trata de personas que son víctimas de pobreza generacional, personas con impedimentos, pacientes mentales, madres solteras, envejecientes y otros grupos que históricamente viven en pobreza. Todos y todas tenemos familia en estos grupos. Todos y todas tenemos ancestros que hubiesen tenido una mejor vida de no haber sufrido este esquema de discrimen. El efecto neto puede sumar hasta $23,000 millones en 10 años.

Controversia: La controversia en este caso es si el Congreso viola (el componente de igual protección de la Cláusula de Debido Proceso de Ley en la Quinta Enmienda de) la Constitución de los EE.UU. al establecer que el programa de beneficios de seguridad de ingreso suplementario o Supplemental Security Income (SSI) no aplica en Puerto Rico.

Criterio rector: Si existe un nexo racional para discriminar en contra de Puerto Rico. En otras palabras, si discriminar en contra de Puerto Rico adelanta un interés gubernamental legítimo. Es un criterio deferencial, pero no inexistente.

Argumentos del Gobierno Federal de Joe Biden

Primer argumento: el “unique tax status” de Puerto Rico

El gobierno de los EE.UU., bajo la dirección de Joe Biden, es la parte peticionaria y argumenta que nuestro “unique tax status” justifica el discrimen. Es decir, que se valida el discrimen porque generalmente no pagamos contribuciones federales sobre ingresos con fuente en Puerto Rico. Sin embargo, la representación del peticionado y el Primer Circuito de Boston desarticulan esta concepción errónea de nuestras contribuciones al erario federal.

Contribuciones al erario federal: Según la opinión del Primer Circuito, desde Puerto Rico hemos contribuido al erario federal alrededor de $3,400 millones anuales en años recientes: (1) $3,443,334,000 en 2018; (2) $3,393,432,000 en 2017, y (3) $3,479,709,000 en 2016. Estas sumas exceden las contribuciones totales de Vermont, Alaska, Wyoming y 3 otros estados.

Segundo argumento: el discrimen adelanta nuesta habilidad de “autogobernarnos”

El gobierno federal también argumenta que el discrimen en contra de Puerto Rico promueve nuestra habilidad de autogobernarnos (“Congress could rationally conclude that these arrangements promote Puerto Rico’s ability to govern itself”). También argumentan que el discrimen geográfico se permite bajo el texto constitucional y bajo el fundamento de la presunta habilidad de atender mejor los asuntos locales. Tal parece que PROMESA es solo un sueño.

Tercer argumento: El Congreso puede tratar diferente a sus territorios

El gobierno federal también argumenta que la Cláusula Territorial de la Constitución federal les confiere el derecho de discriminar casi arbitrariamente. De hecho, hasta citan a Ruth Bader Ginsburg (QDEP) para apoyar el derecho a discriminar en contra de gente pobre que vive en Puerto Rico (“As the D.C. Circuit observed in an opinion by then-Judge Ruth Bader Ginsburg, subjecting limitations directed at a Territory to heightened scrutiny ‘would be inconsistent with Congress’s large powers’ in this field”).

En contraparte, los peticionados argumentan que la ley que crea el programa SSI es una ley de carácter nacional y no una ley territorial. Por lo tanto, los poderes de la Cláusula Territorial, creados para dar al Congreso más poderes de los que la Constitución le da para legislar asuntos estatales, no son relevantes.

Cuarto argumento: Vivir en un territorio no es una clasificación sospechosa

El gobierno federal argumenta que discriminar en contra personas que viven en Puerto Rico no es igual a discriminar en contra de la comunidad negra, latina o en contra de mujeres. Para apoyo citan textos que datan a más de 100 años. Allá para cuando nos decían “Porto Rico”.

En cambio, los peticionados argumentan que quienes residimos en Puerto Rico hemos sido víctimas de discrimen histórico racial y ancestral. Además, se amparan en que carecemos poder político y representación. Por lo tanto, sostienen somos una clasificación sospechosa. Es decir, que todo el asunto geográfico y territorial es solo un pretexto para discriminar en contra de personas latinas.

¿En qué temas crees se concentrará la discusión? Deja un comentario con tu opinión.

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Respuesta a la Trivia:

La colonia de monos macaco Rhesus en el Cayo Santiago se estableció en 1938, de acuerdo con la Exposición de Motivos de la Ley para la Promoción Educativa y Científica de la Colonia de Monos de Cayo Santiago, Ley Núm. 128 de 10 de julio de 2018. Dicha ley establece que será política pública “garantizar la protección de la colonia de monos macacos Rhesus (Macaca mulatta) que subsiste en la isla Cayo Santiago y propiciar la continua existencia de la misma, para propósitos única y exclusivamente educativos y de investigación científica”. 12 L.P.R.A. § 5161-5173.

Esperamos volver a la carga con el contenido usual del Resumen Supremo este próximo martes, 16 de noviembre.

Gracias por leer nuestro Resumen Supremo. Dale like, deja un comentario o envíanos un mensaje.

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Agradecemos como siempre a cada uno y una de ustedes que nos siguen y leen. Agradecemos de manera especial cada vez que comparten el Resumen Supremo. Esto nos ayuda a crecer y crecer es bueno.

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Trivia:

A partir del Siglo 20, ¿cuál fue el primer gobierno en legalizar el aborto? Sigue leyendo para la respuesta.

Conducta Profesional y Capacidad Mental

Para esta semana, el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) publicó dos nuevas decisiones. De hecho, el aviso semanal lo envió ayer mismo cerca de las 3:00 p.m. ¿Allá saben que hacemos la lectura durante el fin de semana?

Bueno, pues una de decisiones es In re: Carlos E. Géigel Bunker, 2021 TSPR 145. En este caso, el TSPR suspendió provisionalmente al colega mientras se dilucida su capacidad mental para ejercer la profesión legal. El proceso exige el nombramiento de un comisionado o comisionada especial para recibir prueba de tres siquiatras que examinen a la persona querellada y ofrezcan su opinión experta. Puedes repasar el proceso en la Regla 15(c) del Reglamento del TSPR.

Reinstalaciones

Habrán notado que el titular del Resumen Supremo de hoy se parece a uno que publicamos previamente. Pues eso no es lo único que estamos repitiendo hoy (además de todo el chocolate y dulce de antenoche). El segundo caso de hoy es In re: Yolanda M. Stacholy Ramos, 2021 TSPR 144, donde el TSPR reinstaló en la práctica de la abogacía a la colega tras haberla suspendido por un periodo de tres meses el 21 de junio de 2021. Puedes leer el resumen de las causas de su suspensión en el siguiente enlace:

Otras actualizaciones

Ayer, lunes, el Tribunal Supremo federal recibió argumentaciones orales en los casos Whole Woman's Health v. Jackson y US v. Texas, que impugnan la validez de la ley Senate Bill 8 (S.B. 8) del estado de Texas —una de las más severas en contra del derecho al aborto en todo Estados Unidos. 

Según Amy Howe de SCOTUSblog, el Tribunal Supremo federal parece inclinado a permitir que continúe el pleito presentado por un grupo de proveedores de servicios de aborto en Texas (Whole Woman's Health v. Jackson) que solicitan que se dicte un injunction en contra del personal de secretaría de los tribunales de Texas. Por otro lado, el Más Alto Foro federal parece escéptico en permitir que sea el Departamento de Justicia federal quien impugne la S.B. 8 (U.S. v. Texas).

¿De qué tratan los casos? Pues la S.B. 8 delega exclusivamente en la ciudadanía privada la implementación de la ley antiaborto. Es decir, el remedio exclusivo son pleitos privados instados por personas privadas en contra de proveedores de servicios de aborto o de personas que cooperen con un procedimiento de aborto prohibido. La razón para este diseño poco usual es evadir o posponer significativamente la revisión judicial federal de la ley antiaborto de Texas. Estos casos buscan romper con esta estrategia evasiva estatal e impugnar en los tribunales federal la constitucionalidad de la ley de Texas.

¿De qué no tratan los casos? Los casos no tratan sobre la constitucionalidad de las prohibiciones al aborto incluidas en la S.B. 8. Al menos no en esta etapa. En ese contexto, la legislatura estatal de Texas está logrando su cometido de prolongar la vigencia de dicha ley previo a una revisión judicial federal. Pero tal parece que será cuestión de tiempo para que el Tribunal Supremo federal atienda propiamente la pregunta. De hecho, las partes discuten los méritos constitucionales de la ley de Texas en sus respectivos escritos (briefs).

Pueden leer al transcripción y escuchar audio de la argumentación oral aquí y aquí.

Avisos

Noten que el próximo martes, 9 de noviembre de 2021, el Tribunal Supremo federal escuchará la argumentación oral en U.S. V. Vaello-Madero, caso en el que el gobierno federal busca invalidar una decisión del Primer Circuito que declaró inconstitucional el discrimen en la aplicación de beneficios bajo el programa de beneficios de seguridad de ingreso suplementario o Supplemental Security Income (SSI).

Resumen ejecutivo de la controversia. Vaello-Madero gira en torno a la Cláusula Territorial de la Constitución federal. Específicamente, si bajo el poder plenario sobre los territorios puede el Congreso ignorar el derecho a igual protección de las leyes de la Quinta Enmienda de la Constitución federal.

En otras palabras, el caso trata de si puede el Congreso discriminar arbitrariamente en la aplicación del programa de SSI para que no esté disponible para ciudadanos y ciudadanas americanas que residen en Puerto Rico.

El Tribunal Supremo deberá definir si existe un nexo racional entre el referido discrimen y un interés gubernamental legítimo, o si no hace falta tal nexo de acuerdo al poder plenario del Congreso sobre sus territorios (i.e. colonias).

Estaremos pendientes a la transcripción y audio de la vista una vez se hagan públicos ese mismo martes. Esperamos hacer una edición especial para darle cobertura a ese importante caso. Por ahora, puedes leer su cobertura en SCOTUSblog.

Respuesta a la Trivia:

El primer gobierno del Siglo 20 en legalizar el aborto fue la Unión Soviética en 1920, o los Soviets para algunos y algunas que nos leen (ustedes saben quienes son). Aunque hay controversias en cuanto a la duración y alcance de esa ley, parece haber consenso en que esa fue la primera ocasión en el Siglo 20. Puedes leer más al respecto aquí, aquí y aquí.

Se acabó la peseta por hoy. Gracias por leer nuestro Resumen Supremo. Dale like, deja un comentario o envíanos un mensaje. Trato de responder personalmente todos los mensajes que recibo.

Espera el próximo Resumen Supremo el martes, 9 de noviembre de 2021.

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Trivia (I know, it’s been a while):

En buen español, ¿cómo se denomina el valor de una compañía como Tesla, que excede los doce ceros ( >$1,000,000,000,000 )?

1. Un trillón

2. Un billón

3. Un millardo

4. Un montón

Sigue leyendo para la respuesta (y la referencia, claro está).

Como de costumbre, gracias por cada vez que deciden compartir este proyecto con sus colegas. De verdad que nos inspira cada vez que vemos una nueva subscripción. A ustedes que nos leen por primera vez: Namaste.

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La Certificación Intrajurisdiccional

Sabía que este día llegaría. El día en que por un conflicto profesional no pudiera resumir los aspectos sustantivos de una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR). No obstante la limitación, podemos decir lo siguiente de modo descriptivo solamente:

La semana pasada, el TSPR publicó una Resolución en el caso Equipo Sanjuaneras de la Capital v. Federación Puertorriqueña de Voleibol y otros, 2021 TSPR 143. En la decisión, una mayoría del TSPR declaró no ha lugar una petición de certificación intrajurisdiccional presentada por la parte demandante. Es decir, ordenó a las partes a continuar el proceso ordinario apelativo.

El juez asociado Rafael L. Martínez Torres emitió una opinión de conformidad a la que se unieron los jueces asociados Edgardo Rivera García y Roberto Filiberti Cintrón. Igualmente, la jueza asociada Mildred G. Pabón Charneco emitió expresiones escritas a las que también se unió el juez asociado Rivera García.

Por otro lado, la jueza presidenta Maite D. Oronoz Rodríguez y el juez asociado Ángel Colón Pérez emitieron opiniones disidentes por separado. El juez asociado Luis Estrella Martínez también emitió expresiones escritas disidentes.

Si quieren leer más, sigan el link del caso.

PROMESA

A menos que vivas debajo de una piedra, debes saber que ayer fue la vista telefónica en el caso de la quiebra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otras entidades cubiertas. (Sabemos que no es de quiebra per se, sino un “caso bajo el Título III de la Ley PROMESA que incorpora ciertas secciones del Código de Quiebras federal”. Pero aquí en el Resumen Supremo nos dejamos llevar por la máxima “el nombre no hace la cosa”).

En la vista, la Hon. Laura Taylor Swain, jueza federal de distrito, expresó que se le acababa la paciencia: “I will be frank with you, my patience is wearing thin”. También añadió que el tiempo apremia mientras hacía hincapié en quienes cargarán con el peso de pagar el plan de ajuste (i.e. la deuda): “None of us has another four or five years for a do over and least of all, the people of Puerto Rico”.

En fin, debes saber que la jueza ordenó a las partes (es decir, al Gobernador, a los presidentes de las cámaras legislativas, a la Junta de Supervisión Fiscal, bonistas, aseguradoras y otros acreedores de deuda pública) a negociar un plan de ajuste de deudas en un proceso de mediación obligatoria. O sea, a negociar qué harán con las pensiones públicas, el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico y fondos municipales, entre otros asuntos. En otras palabras, muchos bufetes y asesores financieros van a facturar un montón en los próximos 7 a 9 días como parte de esta mediación.

La Junta de Supervisión Fiscal, como síndico de la quiebra, es decir, como representante del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tiene hasta el 4 de noviembre para informar el camino a seguir (por ejemplo, abandonar o seguir adelante con el más reciente plan de ajuste). Dos días antes, la jueza federal de distrito que preside las mediaciones, la Hon. Barbara Houser, deberá informar los resultados a la jueza Taylor Swain.

Baja la minuta de la vista aquí.

Pensamiento de la semana: Siempre me ha parecido interesante que aunque el resultado de esta quiebra lo pagará en última instancia “el Pueblo de Puerto Rico”, esta es la única “deuda” que puedes “descargar” por la modesta suma de $55 dólares más el costo de enviar tus motetes a Orlando, FL. Si tan solo salir de los préstamos estudiantiles fuera así de fácil.

Extensión de Términos

Anoten en sus calendarios: El miércoles, 5 de enero de 2022 es un día de cierre total en la Rama Judicial y los términos quedan extendidos hasta el próximo día laborable.

¿Cuál es el próximo día laborable? Pues no es el jueves, 6 de enero por razones obvias. Tampoco es el viernes, 7 de enero porque también se decretó como un cierre total. El próximo día laborable después del martes 4 de enero de 2022 es el lunes, 10 de enero de 2022. Este servidor tiene una bebé en camino para esos días, así que probablemente tocará pedir prórrogas anyway.

Lee la orden de extensión de términos aquí.

Otros updates

Hoy a las 8:00 p.m. comienza la Serie Mundial de las Ligas Mayores de Beisbol Profesional (MLB). Puedes ver con los Bravos de Atlanta a Eddie Rosario de Guayama, Puerto Rico. Eddie fue el el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Por otro lado, puedes ver con los Astros de Houston a Carlos “It’s my time” Correa de Santa Isabel, Puerto Rico.

Respuesta a la Trivia:

La respuesta es la número 2: un billón de dólares.

No. No es un trillón, si hablas en buen español. Ese español que dice “fortísimo” en lugar de “fuertísimo” o “puñeta” en lugar de “el puño de la toga”. De todos modos, puedes ver las referencias aquí, aquí y aquí.

Se acabó lo que se daba. ¡Gracias por leernos! Recuerda compartir el Resumen Supremo con todos tus followers en IG, FB, SC, Twiter y TikTok… ¿Debo abrir Tik Tok? Dejen sus comentarios abajo.

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Espera el próximo Resumen Supremo el martes, 2 de noviembre de 2021.

¡Happy Halloween!

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Btw: ¿Vieron Squid Game? Es buena, ¿verdad? De nada. ¿Qué serie nos recomiendan? Dejen sus sugerencias en los comments.

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Agradecemos cada like, suscribe y share que dan a nuestro proyecto. Aunque no publicamos la semana pasada, estuvimos trabajando unos updates. Confiamos en que pronto lanzaremos un nuevo Resumen Supremo. Pendientes.

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Derecho Constitucional, Separación de Poderes, Derecho Electoral y Derecho Administrativo

¿Por qué el gif de Lin Manuel Miranda en Hamilton? Pues porque esta semana, una mayoría del TSPR citó al verdadero Alexander Hamilton en el caso Senado de Puerto Rico v. TSPR, 2021 TSPR 141. Sí. Fueron hasta el 4 de abril de 1778 para decidir la inconstitucionalidad de una sección del Código Electoral de 2020. Sí. Fueron 151 páginas.

En este caso, una mayoría de 5 jueces, por voz del juez asociado Martínez Torres, decidió que la etapa del proceso que delega en el TSPR el poder de nombrar el cargo de Presidente y Presidente Alterno de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) es inconstitucional por violar la separación de poderes.

Ya. Ese es el resumen… Es broma. Hay más.

Trasfondo: El Código Electoral de 2020, aprobado por el gobierno de la entonces Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Vázquez Garced, estableció un mecanismo “peculiar y poco ortodoxo” de seleccionar las personas que ocuparían los cargos de Presidente y Presidente Alterno de la CEE. Este mecanismo delegaba, en última instancia, en el TSPR el deber de hacer esos nombramientos por mayoría del pleno de jueces. El mecanismo funcionaba con las siguientes etapas:

1. Acuerdo unánime de los Comisionados Electorales de los distintos partidos políticos.

2. En ausencia de acuerdo unánime, mediante el nombramiento del Gobernador y la confirmación por parte de dos terceras (2/3) partes de la membresía del Senado y de la Cámara de Representantes de Puerto Rico.

3. En ausencia de un nombramiento ejecutivo con consejo y consentimiento de dos terceras (2/3) partes de la Asamblea Legislativa, mediante mayoría simple del pleno de los miembros del TSPR.

Unjú.

Pues, para la sorpresa de nadie, considerando que (1) no hubo consenso entre los Comisionados Electorales de los 5 partidos políticos actuales (probablemente en una escena similar al Brethren Court de The Pirates of the Caribban), y (2) el Gobernador de Puerto Rico es del PNP mientras que las cámaras legislativas tienen una composición “peculiar y poco ortodoxa”, el 22 de septiembre de 2021 vencieron los plazos para agotar las primeras dos etapas. De ese modo, el 23 de septiembre de 2021, el Senado de Puerto Rico, representado por su presidente el Hon. José L. Dalmau Santiago, pegó un Grito pero en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para retar la constitucionalidad del rol del TSPR en nombrar los cargos ejecutivos de la CEE.

Y ganó.

Decisión: Una mayoría del TSPR se enfocó en que la Constitución de Puerto Rico no contempla un rol para la Rama Judicial en el proceso constitucional de nombramientos. Por lo tanto, si tras un análisis funcional, los cargos de Presidente y Presidente Alterno no ejercen funciones propiamente judiciales, la Rama Judicial no tiene vela en un entierro que es más bien de las Ramas Ejecutiva y Legislativa. Tras analizar las funciones de estos cargos, la mayoría del TSPR concluyó que son funcionarios de la Rama Ejecutiva.

Norma: “Si en la operación real del sistema y en un contexto histórico determinado el poder delegado tiende a desembocar en una concentración de poder indebida en una de las ramas o en una disminución indeseable de la independencia que sea incompatible con el ordenamiento político de la Constitución”. Es decir, requiere un análisis funcional e histórico.

tl;dr (too long; didn’t read para quienes tenemos más de 30 años)

Opiniones de Conformidad: La decisión cuenta con dos opiniones de conformidad que francamente se siente que repite buena parte del trasfondo y razonamiento de la mayoría. Notable la del juez asociado Estrella Martínez, a la que se unieron los jueces Martínez Torres y Filiberti Cintrón, quien intima que adoptaría el análisis federal de oficiales superiores versus oficiales inferiores para llegar a la misma conclusión.

Opinión Disidente: Los jueces asociados Kolthoff Caraballo, Rivera García y la jueza asociada Pabón Charneco se unieron en una opinión disidente que razona que los cargos de Presidente y Presidente Alterno de la CEE no son tan ejecutivos como para que su nombramiento por una mayoría de jueces del TSPR trastoque el esquema de separación de poderes. Estos jueces entienden que las personas que ocupan los cargos de Presidente y Presidente Alterno de la CEE “no implementan política pública” y que la CEE no es una agencia ejecutiva.

La minoría también entiende que la Rama Judicial siempre ha tenido un rol en el proceso de nombramientos electorales. Los disidentes tratan de hacer reverse engineering y llegar a la conclusión sobre la naturaleza del cargo sobre la base de si estos cargos pueden o no ser destituido at will por el Gobernador.

Cita destacada de la Opinión Disidente:

“Sin embargo, reconozco que tal mandato era peculiar y poco ortodoxo, el cual terminaba delegándonos en última instancia una tarea que para mí resultaría algo incómoda. No obstante, nuestra responsabilidad es resolver correctamente en derecho, independientemente del carácter antipático de la controversia ante nuestra consideración. De eso se trata en parte nuestra función como más alto Foro”. Juez Asociado Erick V. Kolthoff Caraballo, Opinión Disidente, pág. 2.

Conducta Profesional y Reinstalaciones

Después de leer las 151 páginas de la decisión en Senado de Puerto Rico v. TSPR, las 8 páginas de la siguiente decisión se sienten como cargar a una bebé recién nacida cuando ya tienes uno de 2 años y 30 libras corriendo todo el día por la casa contigo detrás para velar que no se caiga y que si se cae, que no sea tan duro. La referencia no es de la vida real. Claro que no. Unjú.

En In re: Hermán F. Valentín Figueroa, 2021 TSPR 139, el TSPR suspendió a otro colega por incumplir con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua, incluyendo el pago de multas relacionadas, y con varias órdenes del TSPR. Por tal razón, el TSPR concluyó que el compañero violó los Cánones 2 y 9 del Código de Ética Profesional. También ordenó su suspensión inmediata e indefinida de la abogacía y de la notaría.

En cambio, hay una reinstalación esta semana. El TSPR reinstaló a un compañero en la práctica de la abogacía. Pueden leer más aquí.

Uno se va y uno llega.

Noticias

Queremos destacar dos noticias que nos parecen importantes esta semana:

1. La Rama Judicial anunció que la Jueza Presidenta, la Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez, recibe tratamiento tras diagnóstico temprano de cáncer de seno. Le deseamos mucha salud y pronta recuperación a la Jueza Presidenta, quien fue una de mis primeras jefas cuando juramenté esta noble profesión. Le deseamos también mucha fortaleza a su familia. En particular a su esposa, la Jueza del Tribunal de Apelaciones, la Hon. Gina Méndez Miró, y a sus hijos.

2. El Hon. Gustavo A. Gelpí, hasta el presente Juez de Distrito para el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (y su actual Chief Judge) fue confirmado ayer por el Senado federal como Juez de Apelaciones al Primer Circuito del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos. ¡Enhorabuena! Felicitamos al juez Gelpí en su nombramiento y le deseamos éxito en su nueva encomienda.

Bueno, eso es todo lo que trajo el barco. ¡Gracias por leernos! Dale like y deja un comentario con tu recomendación de serie para este fin de semana.

Espera el próximo Resumen Supremo el martes, 26 de octubre de 2021.

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Aprovechamos para repetir el aviso de receso anticipado la semana pasada. Por motivos personales, el Resumen Supremo se toma un receso la próxima semana. Sabemos que nos extrañarán. Sugerimos que usen ese tiempo para ponerte al día y veas Squid Game en Netflix. Retomamos los resúmenes el siguiente martes, 19 de octubre de 2021.

Agradecemos cada like, suscribe y share que dan a nuestro proyecto. Ustedes son nuestras y nuestros Gganbu.

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Procedimiento Civil

Para esta semana, el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) publicó una sola opinión (muchas gracias). En Rio Mar Comm. Ass’n., Inc. v. Jaime Mayol Bianchi, 2021 TSPR 138, el TSPR discute varios temas en materia de procedimiento civil. La opinión unánime fue emitida por el juez asociado Erick V. Kolthoff Caraballo.

Resumen Ejecutivo: Para convertir un caso civil de Regla 60 de un proceso sumario a uno ordinario, el demandado debe levantar defensas afirmativas que disputen la liquidez o exigibilidad de la deuda. No se requiere una reconvención activa para lograr convertir el proceso sumario a uno ordinario.

Contexto. El demandado tenía una alegación contra la liquidez y exigibilidad de la deuda. La levantó como defensa afirmativa en una contestación a demanda y también como reconvención. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) desestimó la reconvención, pero retuvo a la demanda y consigo las defensas afirmativas de la contestación a la demanda. El TSPR concluyó que si las defensas afirmativas cumplen con la excepción incluida en la Regla 60 para conversión, el TPI tenía un deber constitucional de ordenar la conversión de sumario a ordinario, independiente de si la reconvención fue desestimada por falta de jurisdicción.

Razonamiento del TSPR. Una misma alegación puede incluirse como defensa afirmativa y reconvención. Lo importante es el propósito para el cual se presenta. Así lo establece la Regla 6.3 de Procedimiento Civil.

¿Qué se requiere? Lo que dice la Regla 60, pero bien aplicado:

1. Si la parte demandada demuestra que tiene una reclamación sustancial;

2. Cuando, en el interés de la justicia, las partes ejercen su derecho de solicitar que el pleito se continúe ventilando por el trámite civil ordinario; o

3. Partiendo de ese mismo interés, el tribunal por su propia voluntad tiene la discreción para así ordenarlo.

¿Qué tiene que ver la Constitución? Mucho. Los tribunales tienen que mover los casos a una resolución final en un tiempo razonable. Para ello, en muchas ocasiones optan por limitar severamente el derecho de las partes a descubrir prueba relevante. El TSPR en este caso ilustra este peligro con la siguiente cita, la cual debe permanecer accesible en el repertorio de quienes litigan casos civiles:

“Por otro lado, en el pasado hemos resuelto que limitar innecesariamente el acceso al descubrimiento de prueba puede dar lugar a que se transgreda el debido proceso de ley. Esto, porque las reglas que rigen el descubrimiento de prueba “se basan en el concepto básico de que antes del juicio toda parte en la litigación tiene el derecho a obtener el descubrimiento de toda la información que esté en posesión de cualquier persona”. Pág. 13 (que cita a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., JTS, 2011, T. II, pág. 835) (énfasis nuestro).

¿Hay un nuevo criterio para determinar suficiencia del descubrimiento? Aunque no es un nuevo criterio, el TSPR reitera el carácter amplio del descubrimiento de prueba cuando dice que lo que se busca es colocar al tribunal en “la mejor posición posible para resolver justamente”.

But wait, there’s more! El TSPR no se quedó ahí. El TSPR también discutió otro asunto que surge en todo tipo de pleitos civiles: las defensas afirmativas se renuncian si no se levantan bien. El TSPR nos ilustra que una defensa afirmativa se entenderá renunciada cuando no se incluye o aun si se incluye, cuando no sea suficientemente específica, sea muy general o sin fundamento.

¡Gracias por leernos! Dale like y deja un comentario. Si lo haces, tal vez recibes una botella de soju esta Navidad.

Espera el próximo Resumen Supremo el martes, 19 de octubre de 2021.

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Escrito por Aníbal J. Núñez

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Derecho Registral Inmobiliario

Hoy se llama “derecho registral inmobiliario”. Históricamente se llamaba “derecho hipotecario”. Yo le llamo la electiva que tomas después de derechos reales. No importa como le llames (o qué recuerdos te traiga), el TSPR lo discutió en la opinión de mayoría en Firstbank de Puerto Rico v. Registradora de la Propiedad de Ponce, 2021 TSPR 135.

En esta opinión, el TSPR decide dos temas nuevos: (1) cómo presentar un recurso gubernativo en tiempos de John Warnock y Charles Geschke, y (2) ciertos requisitos de la escritura de modificación de hipoteca. Los resumimos por separado.

Tema 1: Recursos Gubernativos 

Repaso: El recurso gubernativo es el mecanismo para impugnar directamente ante el TSPR cuando un registrador o registradora de la propiedad suspenda o deniegue la inscripción o anotación de un documento presentado para su registración. 

Regla general: El TSPR explica que para presentar bien un recurso gubernativo se debe: 

1. Escribir y presentar el recurso gubernativo escrito, en papel, en la secretaría del TSPR.

2. Subir copia digital del escrito presentado ante el TPSR a través del sistema Karibe, como documento complementario del documento objeto del recurso; y

3. Entregar al registrador o registradora la copia certificada original del documento objeto del recurso.

Holding: Excepción a la regla general. El tercer requisito no aplica cuando el notario o notaria autorizante haya presentado el documento objeto del recurso digitalmente (en PDF) en Karibe y lo haya acompañado con la certificación de que el PDF es copia fiel y exacta de la copia certificada que expidió en su oficina. 

Es decir, (1) mientras exista Karibe y (2) mientras el notario o notaria autorizante haya subido bien el documento a Karibe con su debida certificación, lo más probable es que el tercer requisito no lo tengas que cumplir para formalizar tu recurso gubernativo.

Razonamiento: La copia de la copia de la copia. Parece confuso, pero la razón de ser de la nueva excepción es que las copias certificadas son documentos con fé pública de que son copia “fiel y exacta” de la escritura original autorizada. Lo que se presenta para inscripción no es la escritura original (esa se mantiene en tu protocolo), sino la copia certificada. Al subirlo a Karibe no subes la copia certificada, sino una versión digital de la copia certificada. Es decir, una copia de la copia (me avisan si quieren hacer una colección de NFTs con JPEGs de copias certificadas de escrituras públicas). Al subirla a Karibe, también tienes que certificar que esa versión digital es copia “fiel y exacta” de la copia certificada. Entonces, con tanta copia “certificada”, ¿para qué entregar la copia certificada original?

El TSPR se preguntó lo mismo y dijo que es too much. Aunque, no pasa desapercibida la ironía que en una opinión donde el TSPR protege la digitalización y los avances tecnológicos, el Máximo Foro también reitera que el primer paso para presentar un recurso gubernativo es radicar un escrito en papel 8.5 x 14 en la secretaría del TSPR.

Advertencia 1: Esta excepción es probable que aplique a la mayoría de los recursos gubernativos, pero no a todos. Si no fuiste el notario o notaria autorizante (quien subió el PDF a Karibe) y representas a una parte que interesa radicar un recurso gubernativo, debes verificar si debes cumplir con el tercer requisito. En palabras de Ronald Reagan: “Trust, but verify”.

Advertencia 2: El caso discute términos y otros pormenores que debes leer antes de radicar tu próximo recurso gubernativo. Yo litigué 9 años y no participé en ninguno. Imagino que la mayoría de ustedes tampoco. Pero si te toca, debes repasar el caso, el Artículo 245 de la Ley Hipotecaria de 2015 y la Sección 245.1 de su Reglamento.

Entonces, ¿ya decidieron entregar la notaría?

Tema 2: Escritura de Modificación de Hipoteca

Resumen Ejecutivo: En la escritura de modificación de hipoteca, el notario o notaria autorizante tiene que dar fe de haber: (1) tenido ante sí el pagaré original; y (2) añadido al pagaré la modificación correspondiente (“allonge”). Si no se da fe expresa de estos dos hechos, la escritura de modificación de hipoteca no puede inscribirse en el Registro de la Propiedad. 

Argumentos rechazados: El banco argumentó que la Ley de Transacciones Comerciales (LTC) desplazó a la Ley Hipotecaria en cuanto a los requisitos para inscribir una hipoteca. El TSPR rechazó el argumento y recalcó la norma vigente según legislada: 

1. La LTC (Art. 2-117) gobierna el pagaré y sus modificaciones.

2. La Ley Hipotecaria (Art. 89) gobierna la inscripción de las hipotecas y modificaciones en el Registro de la Propiedad.

¿Por qué esta opinión es importante para la banca? En la mayoría de los casos, los bancos guardan los pagarés en bóvedas o con terceros que ofrecen el servicio de custodia de esos instrumentos negociables. Cuando pagas tu préstamo hipotecario, el banco busca el pagaré y se tarda unos días o semanas en que lo recibes para su cancelación. Los bancos argumentan que buscar el pagaré original cada vez que hay que modificar una hipoteca retrasa los trámites comerciales hipotecarios. 

¿Qué cree el TSPR?  Según el TSPR, esto es un asunto para la Asamblea Legislativa. El TSPR resaltó que, de hecho, la Asamblea Legislativa ya descartó este razonamiento de los bancos como base para variar el requisito de exigir que el notario o notaria autorizante de fe expresa en la escritura de haber visto el pagaré original y de haberle endosado la modificación correspondiente. 

Decisión unánime; Opinión casi unánime: Salvo la jueza presidenta Maite D. Oronoz Rodríguez, quien solo concurrió con el resultado, todos los jueces asociados se unieron a la opinión del juez asociado Edgardo Rivera García. 

Conducta Profesional

Aunque no son sobre conducta per se, el TSPR reinstaló a tres colegas en la práctica de la abogacía, una de quienes también fue reinstalada como notaria. Puedes leer más al respecto aquí, aquí y aquí.

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¿Qué se puede mejorar del Sistema Karibe o de la digitalización de los procesos judiciales? Deja tu comentario.

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Espera el próximo Resumen Supremo este martes, 5 de octubre de 2021.

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Aviso de receso: Por motivos personales, el Resumen Supremo se toma un receso de una semana el 12 de octubre. Un día antes mi hijo cumple 2 años y dos días después yo cumplo más de 2 años. Retomamos esos resúmenes el martes, 19 de octubre.

Status Update 1

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Trivia:

¿Qué jugador profesional de las mayores de béisbol (MLB) conectó su jonrón número 300 un día como hoy? Sigue leyendo para la respuesta.

Status Update 2

El Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) no publicó nuevas decisiones la semana pasada. La última decisión es Pueblo v. Centeno, 2021 TSPR 133, la cual discutimos en el último Resumen Supremo.

Ante esta realidad, en este Resumen Supremo actualizamos las estadisticas del mes de agosto y compartimos algunas noticias para que estés ready para el resto de esta semana. ☕️🗞

Stat Sheet - Agosto 2021 (updated)

Durante el mes de agosto:

• El TSPR publicó 15 decisiones con un promedio de 16 páginas. La más larga contó con 37 páginas y las más breves con 2 páginas.

• De las 15 decisiones, 6 fueron opiniones de mayoría con fuerza de ley. De estas opiniones, 4 discutieron temas sustantivos y 2 discutieron temas disciplinarios. 

• De las de temas sustantivos, 1 fue sobre derecho criminal y 3 sobre derecho civil. Aunque una de derecho civil fue de confiscaciones tras una acusación criminal. 

• De las de temas disciplinarios, una fue sobre conducta de abogados y abogadas, mientras la otra fue sobre conducta de jueces y juezas.

• Las opiniones de la mayoría contaron con un promedio de 23 páginas. Las suscribieron los jueces asociados Martínez Torres (2), Rivera García y la jueza asociada Pabón Charneco. Las dos de temas disciplinarios las suscribieron como pleno (Per Curiam). 

• De las 4 opiniones sustantivas, 3 fueron decididas unánimemente, aunque en una de ellas el juez asociado Filiberti Cintrón no intervinó. La opinión restante, la relacionada a confiscaciones, se decidió según la división por ideología del TSPR. 

• La división por ideología es la que separa la composición del TSPR entre jueces más y menos conservadores. De una parte (más conservadores) está la jueza asociada Pabón Charneco y los jueces asociados Kolthoff Caraballo, Martínez Torres, Rivera García y Filiberti Cintrón. De otra parte (menos conservadores), está la jueza presidenta Oronoz Rodríguez y los jueces asociados Estrella Martínez y Colón Pérez. 

• Casualmente, esta es la misma división que resulta si separamos a los jueces y juezas generacionalmente (Baby Boomers vs. Gen X).

• La división ideológica y/o generacional también guió la disposición de las 2 decisiones relacionadas a la administración de la Rama Judicial. 

• Una de las decisiones fue una sentencia más sobre el tema del pago de las reclamaciones de seguro tras los daños causados por el Huracán María. 

• De los 4 viernes de agosto, en solo 1 de ellos nos notificaron decisiones nuevas.

• Empezó y terminó agosto, y la vacante de juez o jueza asociada sigue sin nombrarse. Al día de hoy son 271 días con la vacante. ¿Será millennial la próxima persona nombrada a juez o jueza asociada del TSPR?

Noticias

Aquí algunos links que te pondrán al día en más de una manera:

1. 🤰 El Tribunal Supremo de Estados Unidos calendarizó para el 1 de diciembre una vista oral en un caso con el potencial de trastocar el derecho al aborto (derecho a la intimidad) establecido en Roe v. Wade. 

2. 💵 Se espera que hoy, el gobernador Pedro Pierluisi firme en ley una medida que aumenta el salario mínimo por hora en Puerto Rico de $7.25 a $8.50, efectivo el 1 de enero del 2022, a $9.50 a partir de julio de 2023 y a $10.50 a partir de julio del 2024, pero sujeto a la eventual evaluación de la nueva Comisión Evaluadora del Salario Mínimo.

3. 🪖 El jueves se conmemoran los 153 años del Grito de Lares un 23 de septiembre de 1868.

4. 🏛 También el jueves, la Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico evalúa el nombramiento del Lcdo. Omar Marrero Díaz como Secretario de Estado de Puerto Rico.

5. 📉 En China se enfrentan a una posible crisis financiera.

6. 🇺🇳 La Asamblea General de las Naciones Unidas comienza debates hoy con mensajes de los líderes de Brasil, Estados Unidos y Turquía, entre otros. Se anticipa que los líderes de China y Rusia no asistirán.

7. 💸 La Reserva Federal de los Estados Unidos se reúne hoy y mañana. Se anticipa que mañana se anuncien medidas dirigidas a reducir los estímulos económicos impulsados tras el comienzo de la pandemia COVID-19. Tal vez por eso recibimos ayer el muy-seguro-de-si-mismo aviso de que la moratoria en el pago de principal e interés sobre préstamos estudiantiles concluye en enero de 2022.

8. 🍂 Mañana comienza el otoño.

Respuesta a la Trivia:

⚾️ Cecil Fielder, entonces jugador de los Yankees de New York, contectó su jonrón número 300 un día como hoy en el 1997, en la octava entrada, ante los Blue Jays de Toronto, en el antiguo Yankee Stadium y ante sobre 40,000 fanáticos. Como si fuera poco, fue el día en que cumplió 34 años 🎉. Puedes ver el momento aquí.

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Espera el próximo Resumen Supremo este martes, 28 de septiembre de 2021.

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